El gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto la creación de un "banco malo" que adquirirá los activos tóxicos de las entidades financieras españolas con la intención de venderlos en un máximo de 15 años, explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos. Esta medida es la tercera reforma financiera en los ocho meses de mandato del Partido Popular destinada a sanear el sector y se dio a conocer justo el día en que Bankia, una entidad nacionalizada por el gobierno en mayo, publicó los resultados del primer semestre en que registró pérdidas por 4448 millones de euros. En la misma jornada la agencia calificadora Standard and Poor`s (S&P) rebajó en dos escalones la nota crediticia de la región de Cataluña y la colocó en el nivel de los bonos basura.

"No existe una recuperación sólida y sostenible si no hay crédito disponible y si no tenemos un sistema bancario solvente", argumentó De Guindos en una conferencia de prensa que realizó tras la reunión del Consejo de Ministros. "Estamos poniendo las bases para que no se reproduzcan crisis como la que hemos vivido", agregó desnudando la intención con la que el gobierno quisiera que se asimilen las medidas.

Al comparecer ante la prensa tras el Consejo de Ministros, De Guindos fue terminante en rechazar la definición de “banco malo”. En cambio, el titular de la cartera de Hacienda hizo referencia a una sociedad de gestión de activos que comenzará a funcionar en noviembre y adquirirá a precio reducido fundamentalmente los activos inmobiliarios acumulados por la banca a raíz de la crisis del ladrillo. Los fondos iniciales para la creación de tal entidad procederán del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con parte de los 100 mil millones de euros aportados por la Unión Europea (UE) para la contribuir al saneamiento de la banca española. Sin embargo, De Guindos señaló que también habrá inversores privados.

La sociedad anunciada por el ministro de Economía adquirirá la forma de una sociedad anónima o un fondo fiduciario y trabajará por entre diez y 15 años, un tiempo suficiente para que los activos "generen valor" y puedan salir al mercado sin causar pérdidas para las arcas estatales, dijo.

Con la intención de cambiar la imagen de un gobierno que socializa las pérdidas privadas, el Consejo de Ministros español aprobó ayer otra medida que impone un máximo de remuneración fija a los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública. Según informaron, sus sueldos no podrán superar los 600 mil euros anuales.