En medio de una creciente agitación social, el gobierno español de Mariano Rajoy aprobó ayer el presupuesto 2013 –el más drástico de la historia española en democracia– que incluye un impopular ajuste de casi 40.000 millones de euros, prometido a Bruselas de cara a un posible pedido de rescate soberano.

“Son unos presupuestos en tiempos de crisis, pero precisamente para salir de la crisis”, explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa que brindó tras la aprobación, en un consejo de ministros que inusualmente se celebró un jueves, en lugar de hoy, viernes, para que las cuentas lleguen a tiempo al Parlamento.

Estos presupuestos son “la forma más corta de salir de esta crisis y evitar las dudas sobre España, sobre la sostenibilidad de la deuda española”, afirmó, por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Además, por primera vez desde que comenzó la crisis, hace cuatro años, el Ejecutivo español tendrá que recurrir al fondo de reserva del sistema de seguridad social (3.063 millones de euros) para pagar las jubilaciones, que se incrementarán en un 1%, según explicó Montoro.

El gasto social representa un 63,6% del presupuesto, en el que además de las jubilaciones sólo crecen las partidas de becas e intereses de la deuda.

“Hay más ajuste de gastos, un 58%, que de ingresos, un 42%, es decir, que se está llevando a cabo una reestructuración administrativa”, agregó la número dos de Rajoy.

La necesidad de buscar financiación en el exterior disparó el gasto en 38.000 millones de euros, lo que implicará que el gasto para el 2013 para pagar las deudas aumente en un 5,6 por ciento. Por otra parte, los ministerios verán reducidos sus presupuestos en un promedio del 12 por ciento.

Ante la multitud de críticas por los ajustes, el ministro de Hacienda negó que se estén haciendo sobre el gasto social y sostuvo que “decir lo contrario es no reconocer las cifras más básicas y elementales”.

Los presupuestos contienen seis nuevas medidas tributarias que tendrán efecto recaudatorio en el 2013 y el 2014 con las que se espera recaudar 4.375 millones de euros.

España tiene que reducir el déficit público del 6,3% -con el que está obligado a cerrar este año- hasta el 4,5% en el 2013, según las obligaciones contraídas con Bruselas. “El gobierno confía en que podamos conseguir ese objetivo”, aseguró Montoro.

Bruselas aplaude. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, saludó en Bruselas los nuevos ajustes españoles, al considerarlos “un paso importante”.

“El plan de reformas abarca medidas concretas y ambiciosas”, afirmó.

En las cuentas públicas para el 2013 sólo crecen las partidas de las jubilaciones, las becas y los intereses de la deuda. Sólo por estos últimos, España tendrá que pagar el año que viene casi 10.000 millones de euros más que este año. Y según el ministro Montoro, el peso de la deuda pública continuará en aumento en el 2013, hasta situarse en el 80% del PBI, frente al nivel actual del 75,9 por ciento.

El aumento de los intereses de la deuda en el 2013 se come así los casi 3.900 millones de euros que el gobierno va a recortar en el gasto de los ministerios y los 6.900 millones que espera ingresar tras la drástica subida del IVA que el gobierno llevó a cabo recientemente.

Entre los nuevos impuestos que creará el gobierno de Rajoy para intentar ingresar 4.375 millones de euros adicionales en las magras arcas del Estado hay uno, del 20 por ciento, para los premios de la lotería, hasta ahora exentos de tributación.

Ante este panorama, el escenario en el que se mueve España es sombrío. El año que viene seguirá en recesión y el desempleo, la consecuencia más dramática de la crisis, seguirá disparado por encima del 24 por ciento.

Recortes y protestas 2012. Los primeros presupuestos de Rajoy se aprobaron en marzo de este año con un ajuste de 27.000 millones de euros, una cifra que los convirtió en los más austeros desde el regreso de la democracia. Pero los ciudadanos cargan más ajustes sobre sus espaldas. El gobierno recortó 10.000 millones adicionales en educación y sanidad. Y en julio, tras solicitar el rescate para la banca, aprobó un ajuste por valor de 65.000 millones de euros.

En tanto, Castilla-La Mancha se sumará a las otras cuatro regiones de España que ya pidieron ser rescatadas por el Estado central ya que según anunció su presidenta, María Dolores de Cospedal, pedirá 800 millones de euros para poder hacer frente a vencimientos de deuda inminentes.

En cuanto a los ajustes en educación, la “marea verde”, el conjunto de protestas contra los recortes en la educación en España, sale hoy nuevamente a la calle en la capital española, para continuar con sus demandas por la “escuela y la universidad pública”, indicaron sus organizadores.