Les hicieron conocer a los usurpadores cuales serían las penalidades que les cabrían en caso de que no depongan su actitud. “La gente está comprendiendo rápidamente y de buena manera acepta desalojar los terrenos y las viviendas ocupadas ilegalmente”, dijo Toro.

Sostuvo que las herramientas que posee el Ejecutivo y la Justicia serán puestas en práctica en caso que persistan las ocupaciones de terrenos o viviendas, tanto de Estado y privados.

Exteriorizó su optimismo al decir que “en general la gente mostró una buena predisposición y escuchó las soluciones propuestas por las autoridades del IVUJ y, de esa manera, desocupar lo que estaban ocupando ilegítimamente”.

Comentó que “en la mayoría de los casos la gente irrumpió ilegalmente en viviendas de San Antonio y de Aguas Calientes, por ejemplo, por temor a que otras personas que no son de la localidad las ocuparan” y resaltó que “estas personas son aspirantes a adjudicatarios de esos programas de viviendas y estaban atemorizadas, porque no tenían nada que ver con los usurpadores”.

Explicó que en caso de que la gente no deponga su actitud, se aplicará lo previsto por la ley, “ya que la usurpación está tipificada como comisión de delito en el Código Penal y el Poder Judicial se expresó haciendo referencia al pleno estado de derecho y que las usurpaciones no serán toleradas”.

Recordó que “el Estado provincial, a través de un comunicado, dijo que con trabajo, razonabilidad y con la ley en la mano, se irán resolviendo los problemas que plantea el crecimiento demográfico de la provincia y que los obliga a ser prudentes en la tarea de seguir velando por el futuro de cada familia jujeña”.