A todas luces, se trata de una tarea titánica, puesto que son 20 mil familias las que reclaman un lugar para habitar. Una simple estimación de costos permite proyectar la inversión a afrontar por el gobierno: 20 mil pesos es el costo final por lote (incluye compra y servicios), de lo que resulta un desembolso global aproximado de 400 millones de pesos, cuyo origen no es otro que el erario público, es decir el dinero que les corresponde a todos y cada uno de los jujeños.

Tamaño compromiso del Estado que paulatinamente se está materializando y tan conmovedora muestra de solidaridad del conjunto de los jujeños para con quienes menos tienen, merecen crédito abierto y, sobre todo, paciencia y reflexión de parte de futuros propietarios para aguardar con fe y esperanza (como recientemente pidió el gobernador Eduardo Fellner al hacer entrega de viviendas en Monterrico) la solución a su problema, desde ya mayúsculo y sensible al extremo.

Las limitaciones presupuestarias constituyen una severa dificultad que condiciona la marcha del programa habitacional. Se trata de un escollo para nada imprevisible si se tiene en cuenta la complejidad que impera en la actualidad económica del país, con fuertes derivaciones en Jujuy, pero que al mismo tiempo demanda esfuerzos extraordinarios para ser superado. A esto se suman otras piedras en el camino que, inaceptable e incomprensiblemente, son puestas por propios jujeños o, más bien, por un puñado que hoy toma el problema de miles de familias como argumento para renovar vigencia e intentar prevalecer sus intereses, reducidos, sectoriales y mezquinos por donde se los mire.

Estas actitudes, reñidas con el bienestar del conjunto, son tan viejas como la historia misma, por lo tanto difíciles de erradicar o, cuanto menos, neutralizar. Entonces queda en manos de quienes velan por el sueño del techo propio la mejor arma contra la manipulación, que no es otra que la información.

SOLUCION EN CAMINO

El los últimos tiempos, el Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ) logró poner en marcha diversos programas con la ejecución de más de 600 viviendas, sobre un total de 1600 previstas. El resto se encausará en los próximos dos meses. Además, hay otro paquete de 1600 unidades que se está tramitando ante Nación con amplias y favorables probabilidades de éxito en breve.

Las realizaciones a la vista y el progreso de las actuaciones administrativas (y por qué no de las negociaciones políticas también) se conjugan para pronosticar un año intenso en materia de construcción de viviendas sociales, lo que a su vez permite abrir las puertas a la esperanza de que la demanda obtenga respuestas concretas en el corto y mediano plazo.

En el conteo, no se puede soslayar la cantidad de viviendas (más de mil en toda la provincia) en situación de conflicto, cuya génesis es la ocupación indebida (con principales focos en San Pedro de Jujuy, Perico, San Salvador de Jujuy y Pampa Blanca) las que, una vez superadas las anomalías, estarán disponibles para completar su adjudicación.

Es oportuno recordar, que son casi 2 mil las familias usurpando propiedades privadas y públicas, previstas para múltiples fines, no necesariamente vinculados a la política habitacional. Es por ello que el flamante Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que conduce Luis Cosentini, se encuentra inmerso en una etapa de mediación, a los fines de evitar el desalojo y acordar la relocalización de familias, no sólo con el propósito de poner a resguardo el derecho a la propiedad privada, sino también con el objeto de facilitar el camino al terreno propio a miles de jujeños que, de otra manera, afrontarían una multiplicidad de obstáculos, algunos de ellos insorteables, con las consecuencias por todos conocidas.

El procedimiento de relocalización reserva una verdadero atolladero. Es imposible avanzar en el previo acondicionamiento de las tierras, por cuanto ni bien iniciados los trabajos aparecen usurpadores, generándose una fórmula de difícil resolución: lidiar con usurpadores de terrenos a destinar a otros usurpadores que quieren dejar de serlo. Esto obliga a que las tareas de apertura de calles y enripiado, entre otras, se concreten en la medida que progresa la relocalización. A su vez la gente afronta un período crítico por el traslado mismo y la precariedad de los servicios básicos durante los primeros días en la nueva ubicación, situación que el gobierno y sus funcionarios no desconocen.

LO QUE SE HIZO Y LO QUE VIENE

Entre los próximos pasos, figura en carpeta el traslado de familias de Palpalá (un punto de la provincia sumamente conflictuado) a tierras bien ubicadas, adquiridas para tal fin en esa ciudad.

En San Salvador de Jujuy, 150 familias que estaban instaladas en Los Perales, fueron reubicadas en Alto Comedero, con la entrega de cédulas de tenencia. En este lugar, las condiciones del terreno impiden la normal operación con máquinas pesadas durante el período de lluvias, por lo que una vez superados los días de precipitaciones pluviales se completará los necesarios trabajos estructurales.

En Perico se procedió a la entrega de 300 títulos, mientras que en Libertador General San Martín fueron casi 800. En los próximos días se cumplirá la entrega de más de 100 cédulas en Calilegua y otras en Santa Clara. Estos dispositivos establecen que determinado lote, ubicado en determinada manzana, corresponde a determinada familia. En resumen, un instrumento que garantiza propiedad y, al mismo tiempo, alivio y certeza a quienes comenzaron una vida diferente, con renovadas expectativas de superación.

En San Pedro de Jujuy se observa una situación por demás llamativa, puesto que allí son más de 200 las hectáreas usurpadas, sin embargo no es tanta la cantidad de inscriptos en el programa “Un lote...”, lo que revela que no sólo la necesidad está a la orden del día, sino también la repudiable picardía y el mezquino oportunismo. En consecuencia, se decidió avanzar con más celeridad en soluciones en el loteo denominado “El Independiente”.

SIN ESPACIO PARA EL OPORTUNISMO

El programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” vio la luz durante la gestión de Walter Barrionuevo, en plena crisis habitacional, con picos de conflictividad en toda la provincia, disparados por la ocupación indebida de espacios públicos y privados y la usurpación de viviendas, muchas de ellas preadjudicadas. El plan de loteo surgió como un faro en medio de la tormenta y terminó siendo merecedor de la confianza de los jujeños, en especial de quienes acunan el anhelo de contar con un terreno o una vivienda. El proceso democrático electoral de octubre, terminó de ratificar el respaldo de la ciudadanía a un modelo de gestión, con continuidad garantizada en la figura de Eduardo Fellner. Los compromisos concretos, racionales, vigentes y sostenibles la acción continua y patente;y las realizaciones palpables y perceptibles a los sentidos; on motivos más que suficientes para que hoy ese acompañamiento expresado en las urnas no sea objeto de decisiones y movidas de, por lo menos, discutible legitimidad.