No obstante, y por la ley anterior, se recuerda que hubo uno hace muchos años contra un juez penal de General Pico, Jorge Sciolsi. Un hecho curioso: Rubén Marín, ex gobernador, fue denunciante en esa oportunidad. El caso llegó a la Corte Suprema y el magistrado fue destituido.

Como queda dicho, por la nueva norma legal no hay otros antecedentes, y mucho menos una acusación por cuestionar una sentencia, como en el caso que involucra a Flores.

Cabe señalar que el jury se aplica a jueces y funcionarios, y el jurado de enjuiciamiento a las más altas esferas de los distintos poderes, como ser integrantes del Superior Tribunal en el caso de la Justicia, y el gobernador en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Un amago.

Cabe recordar que en su momento hubo un antecedente de querer destituir a un integrante del STJ, que quedó en amago. Fue cuando Carlos Iglesia terminó renunciando evitando el jurado de enjuiciamiento que aparecía inminente. En esa oportunidad Iglesia presidía el máximo cuerpo judicial, y había denunciado que había micrófonos en su oficina, desatando toda una serie de situaciones que culminaron cuando se decidió pedirle el jurado de enjuiciamiento que finalmente no prosperó porque presentó su renuncia al cargo antes que se efectivizara.

Otra oportunidad que terminó con varios funcionarios judiciales fuera del Poder Judicial fue en 1968, cuando debido al desorden que imperaba se dispuso su intervención. Entre los que quedaron fuera en esa ocasión estaba Ilarramanho Schulze, quien resistió la orden de desalojar el juzgado y fue sacado del Palacio de Justicia en andas, con sillón y todo, por dos policías.

Cómo se pidió el jury.

El pasado 14 de diciembre, los diputados de los tres bloques que en esos momentos tenía la Legislatura se pusieron de acuerdo, hicieron el camino hasta el Superior Tribunal de Justicia y presentaron la denuncia contra los jueces Gustavo Adolfo Jensen y Carlos Antonio Flores, pidiendo el jury de enjuiciamiento.

Fue después que Marcelo Tomaselli -por la aplicación de la figura del avenimiento- quedara en libertad para casarse con Carla Figueroa y la asesinara a cuchilladas. Ese beneficio le permitió salir de la cárcel donde estaba por haber violado a la mujer.

Producido el trágico suceso que conmocionó a la opinión pública provincial y nacional, hubo en los bloques distintas posturas. En el PJ hubo en principio posiciones divididas, porque mientras estaban los que de inmediato propiciaban la denuncia y el pedido de jury a los jueces -así se expresaron dos diputadas públicamente-, hubo otros que adoptaron posiciones más moderadas como César Ballari, quien prefería esperar un poco más, nutrirse de más elementos y después decidir. Pero lo que finalmente habría volcado la balanza habría sido la decisión que mostró Daniel Lovera, jefe del bloque, en la segunda reunión que se hizo para discutir el tema, porque en la primera había mostrado una actitud un poco más contemplativa. ¿Recibió alguna orden de su jefatura política? Difícil saberlo.

Los otros bloques, el Frepam y Acción por la Infancia y la Equidad, el unipersonal de Sandra Fonseca, de entrada propiciaron el jury y así lo habían hecho saber.

La denuncia.

¿Qué dice la denuncia? Fue redactada por Diana Arenzo, asesora del bloque justicialista, y las causales que se le adjudican a Jensen y Flores "serían las descriptas en los artículos 21 inciso 1º -mal desempeño de sus funciones-, 22 incisos 21, 3º y 24, incisos 5º y 11º y concordantes de la Ley provincial nº 313".

En el escrito presentado en el STJ se deja constancia que no se tuvo acceso a las constancias de la causa, "y que los hechos que se relatan son los que surgen de la divulgación periodística de los medios masivos de comunicación". Después de relatar cómo se habrían sucedido los hechos, y los avatares judiciales, concluye que la actuación de Jensen y Flores podría configurar "la comisión del delito de prevaricato, previsto por el artículo 268 del Código Penal , en cuanto dispone la aplicación de pena de multa e inhabilitación al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes, o por el mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas".

Escuredo y Bonaveri, los abogados

Dos abogados del interior provincial quedaron electos para sumarse al jury contra los jueces del Tribunal de Impugnación Penal, Gustavo Adolfo Jensen y Carlos Antonio Flores, y son Sergio Escuredo de Parera, y Ana María Bonaveri de Rancul, en calidad de titulares.

En calidad de suplentes quedaron Raúl Omar Toro, Marcos Luis Paz, Cristian Jesús Ramos y Luciano Alba.

El sorteo se efectuó a primera hora de la mañana de ayer en la sede del Superior Tribunal de Justicia, con la presencia de quien presidirá el jury, integrante de ese cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, los diputados Martín Berhongaray (Frepam) y María Silvia Larreta, el presidente del Colegio de Abogados de La Pampa, Pablo Girard, y del Colegio de Magistrados Miguel Angel Vagge. Del acto también participó la secretaria de la Sala B, Betina Carnovale.

Lo que viene ahora es ahora la notificación a los nominados, y después un período en el que tendrán la posibilidad de excusarse por alguna razón fundada. Después sí, confirmadas las designaciones, se integrará el jury y se citará a la primera reunión, que podría ser en el curso de la próxima semana.

Si bien desde el STJ no habría problemas en hacerlo de manera más o menos inmediato, se estima que los tiempos de los diputados serán determinantes para fijar el primer encuentro del jury en pleno.

Todo indica que el único que se someterá al tribunal será el juez Carlos Antonio Flores, habida cuenta que Gustavo Jensen ya presentó su renuncia, la que le fue aceptada por el gobernador a partir del mes de marzo, con lo que su proceso quedaría concluido de esa forma.