“En las escuelas con problemas ya no hay tiempo para procesos licitatorios”

El defensor del Pueblo adjunto, Cristian Azcona, precisó la necesidad de apresurar las contrataciones de las contrataciones directas para subsanar los inconvenientes edilicios de los establecimientos educativos contenidos en General Pueyrredon. Aunque reconoció: “el panorama es crítico a nivel provincial”.
En una entrevista concedida a Punto de Partida (FM 101.9), el funcionario se quejó: “aunque el frío fuerte no llegó aún a Mar del Plata, ya estamos muy próximos al invierno y hay colegios de la ciudad que carecen del servicio de calefacción”.

“Pero claro, mucho no se puede esperar cuando la propia infraestructura del Consejo Escolar tiene enormes falencias sin resolver”, cuestionó.

Poco después, en tanto, se refirió a una problemática puntual: la compleja situación por la que atraviesa el CFL nº 1, que luego de ser desalojado de su anterior sede por deudas de alquiler, fue trasladado a un inmueble ubicado sobre la calle Rawson donde funcionaba Desarrollo Social”.

Al respecto, puntualizó: “ese espacio, rentado desde noviembre de 2011, demanda una inversión en renta de 5 mil pesos mensuales y aún no pudo ser utilizado por carecer de las adecuaciones necesarias para el desplazamiento de discapacitados motrices”.

Y prosiguió: “la gente de Infraestructura da la Provincia debe venir para impulsar la reparación del edificio, pues las mejoras debieron haber terminado a fines del último marzo”.

“Como ven – remarcó – el atraso ya es importante y la comunidad educativa está sumamente preocupada. Los alumnos están yendo a clases sólo dos veces por semana, los directivos están cansados de reclamar una solución urgente y el enojo de los padres es cada vez mayor”.

Asimismo, Azcona denunció: “como si esto fuera poco nos enteramos que el elevador que necesitan no se podrá concretar en lo inmediato porque no se han destinado los fondos que se precisan para esa obra”.

En consecuencia, por último, advirtió: “me he juntado con varios consejeros escolares para manifestarle la postura de la Defensoría del Pueblo y lo que más me alarma es que aunque invirtamos horas de reunión en reunión la solución definitiva está en manos del Gobierno bonaerense, a partir del envío de dinero y una decisión política concreta”.

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