El Jury a los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, acusados de haber facilitado intervenciones telefónicas a una red de espionaje paraestatal, se inició con los primeros escarceos. La acusación, ejercida por el procurador Miguel Ángel Piñero ratificó el pedido de destitución por incumplimiento en los deberes de funcionario público de ambos magistrados, que con su aval permitieron "la violación de la intimidad" a personas que nada tenían que ver con los casos investigados, en relación a Sergio Burstein, Carlos Ávila otros empresarios y abogados porteños, el cuñado del intendente porteño Mauricio Macri y una decena de números locales que fueron intervenidos durante la investigación del asesinato del contador José María Piccoli y otros casos.

La defensa, en cambio, hizo hincapié en la confianza burlada de los dos jueces, que confiaron en los números proveídos por los oficiales de la Policía provincial, que actúan como investigadores en las causas, que a la vez eran el nexo con el espía Ciro James, un ex federal contratado por Macri en el ministerio de Educación porteño.

Además, tanto Rey como Gallardo insistieron en que el procedimiento usado fue el habitual en los casos de intervención telefónica y que nada hacía sospechar de que se estaba ante una red de espionaje, que, deslizaron, debería sí ser del conocimiento de los policías que tenían a James como colaborador. Por eso, ofrecieron como testigos a otros jueces que usan el mismo sistema, además de advertir que con la sobrecarga de los juzgados, es casi imposible llevar un control estricto de los pormenores de las causas.

Los dos acusados aseguraron que desconocían la titularidad de las líneas telefónicas intervenidas porque "se hacían para una actividad investigativa de la Policía para determinar un paradero" y no un posible ilícito, como si se hace en casos de estupefacientes, según misionesonline.net. "Con las intervenciones se logró la detención de una prófuga", indicó Gallardo. "Requerir la titularidad de la línea, paraliza la investigación entre tres y seis meses", coincidieron los dos magistrados.

En cambio, la acusación sostiene que "se violó derecho a la intimidad y privacidad de los intervenidos" y que las escuchas son autorizadas a los imputados, "no a terceros no vinculados a la causa".

"La anomalía corroborada se plasma en la forma de llevar adelante las intervenciones. Una simple nota de la Policía no es fundamento para las intervenciones sin conocer al titular y tampoco para autorizar prórrogas sin haber obtenido resultados previos. Actuaron en forma negligente", expresó Piñero en su acusación.

En su presentación, el jefe de los fiscales también advirtió que se hicieron escuchas a números no ordenados con el conocimiento de la Dirección de Observaciones Judiciales que advirtió de las irregularidades. También se espiaron mensajes de texto y correos electrónicos que eran enviados a la dirección dieguito.32@hotmail.com

Gallardo, pese a estar ausente por una descompensación, fue el más mordaz en su defensa. "Las imputaciones de un juez vedette (por Norberto Oyarbide) no provocaron la reacción del Procurador para modificar el control de escuchas. A todos se nos escapó la tortuga o no había tortuga", ironizó.

"No queremos aceptar ser perejiles inexpertos como nos calificó el gobernador. No somos bobos con toga. Hemos confiado porque era razonable confiar en la Policía y cumplido con nuestro rol lo mejor que hemos podido. Es una pueril imputación, porque las intervenciones se hicieron fundadas en los pedidos de la fuerza policial, como como lo hicieron otros jueces de la provincia y del país. Otros sacaron provecho político. Pero paradójicamente, el delincuente (buscado con las pinchaduras) sigue en libertad y nosotros aquí", cuestionó el magistrado que ya se había salvado de varios pedidos de juicio político.

Después la lectura de la acusación y la defensa, el Jurado decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8, cuando la acusación intentará que se resuelvan las recusaciones. Los dos jueces pidieron el apartamiento de los miembros del Jurado que además son integrantes del Superior Tribunal de Justicia, ya que ellos impulsaron el pedido de investigación interna y ordenaron al Jurado que investigue. El único que no fue recusado –ni se inhibió- es Humberto Schiavonni, padre del homónimo funcionario y jefe de campaña presidencial de Mauricio Macri.mf