La decisión judicial, en principio técnica, del juez federal Norberto Oyarbide de dar por cerrada la instrucción en la causa que investiga las escuchas ilegales en el marco del gobierno de la Ciudad, y comenzar el procedimiento para que las partes se expidan sobre su pertinencia, desató una fuerte reacción del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien volvió a afirmar que la causa era una "embestida del gobierno nacional".

Macri es el principal imputado y procesado en el expediente que investiga el uso del aparato del estado para espiar ilegalmente. Está imputado y procesado por el juez Oyarbide como miembro de una asociación ilícita para integrar una red dedicada a las escuchas telefónicas ilegales; la decisión fue ratificada además y por unanimidad por la Cámara Federal de Apelaciones.

La medida del magistrado llega en momentos en la que su gestión está siendo cuestionada por varios escándalos alrededor de su gestión y de sus colaboradores, como la investigación del robo de piezas arqueológicas y que involucra al ahora ex asesor de la Ciudad, Mateo Goretti, miembro de la Fundación Pensar, usina del PRO.

Otro de los temas es el conflicto por la recolección de la basura en la ciudad y que ha evidenciado el inclumplimiento de la ley de Basura Cero en el ámbito porteño.

También está en primera fila la pelea alrededor del manejo de los subterráneos entre el gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional, después de que la administración PRO incumpliera un acuerdo firmado en enero pasado para hacerse cargo de su manejo. El tira y afloje entre Nación y Ciudad además provocó que las negociaciones paritarias con la empresa Metrovías estén paralizadas y tengan en jaque su gestión.

Mauricio Macri no desaprovechó la ocasión para volver a medirse el traje de víctima del Gobierno nacional. Ayer, en una rueda de prensa después de la rutinaria reunión con su gabinete, el jefe de Gobierno apuntó a la presidenta Cristina Fernández y la acusó de estar detrás del avance de la causa judicial y dijo lamentar que la mandataria "piense que ésta es la forma de manejarse con la oposición, con los que piensan distinto". Macri señaló además que no era una noticia nueva para él; "La semana pasada dije que dentro de este esquema de trabar, obstruir y fundir la Ciudad no me extrañaría que volvieran los jueces" a los que el Gobierno nacional "puede controlar".

Su sola reacción ante la posibilidad de enfrentar un juicio oral contradice su propio reclamo en 2010, cuando en medio del avance de un posible juicio político en la Legislatura porteña, en rueda de prensa, pidió que "en el plazo más breve posible el caso desemboque en un juicio oral y público para que, con absoluta transparencia y a plena luz del día, la gente sepa la verdad y compruebe que lo único que hay aquí es una maniobra política". Ahora la idea parece que no le seduce tanto.

Lo que si repitió el jefe de gobierno fueron las acusaciones contra el juez Oyarbide y contra los miembros de la Cámara Federal que han ratificado las decisiones del magistrado con respecto a los delitos de asociación ilícita y a su procesamiento. A todos ellos los acusó de participar de "una maniobra política para perturbar, distraer, bloquear, obstruir, conflictuar la gestión". Su munición estuvo dirigida en primera instancia al juez Oyarbide, pero también habló de los magistrados Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler: "Es la (sala en la Cámara) que confirmó todo lo que hizo Oyarbide", se quejó. Sin embargo se mostró optimista y señaló que "si alguien hubiese creído lo que hicieron Oyarbide, Farah, Freiler o Ballestero, no me hubiesen votado. Si saqué más votos que la vez anterior, es porque no le creyeron mucho a los jueces".

Todavía le queda un largo camino en la Justicia

Si bien la decisión de concluir con la etapa de instrucción de la investigación causó impacto por la airada reacción de Mauricio Macri, principal imputado por el espionaje ilegal en la Ciudad, el procedimiento judicial para la elevación a juicio oral y público apenas comenzó ayer y puede demorar al menos un mes de acuerdo a los plazos establecidos.

Desde ayer el juez "dió vista" a las querellas, que tienen un plazo de seis días, prorrogables por un término igual en casos complejos como éste, para decidir si piden la elevación a juicio o si consideran que todavía falta medidas de pruebas, o existe algún procedimiento inconcluso.

En principio desde la querella de Sergio Burstein, el denunciante y querellante originario de la investigación, ya adelantaron que pedirán la prórroga y que en principio solicitarán la elevación a juicio para todos los procesados en la causa. Hernán Del Gaizo, abogado patrocinante del dirigente de Familiares de Víctimas del atentado a la AMIA, señaló a BAE que, sin embargo, si en el curso del estudio del expediente consideran que alguna medida falta o no les satisface, pedirán que se realice. Esa decisión recién la podrán tomar una vez lean el expediente, para lo cual se tomarán el plazo de ley.

Solamente después de que la querella se expida, el juez dará vista al Ministerio Público Fiscal que tendrá los mismos plazos para pedir o no la elevación a juicio. En este caso, hay dos fiscales interviniendo; el fiscal federal Jorge Di Lello y el fiscal para la causa de la AMIA, Alberto Nisman, dado que la razón de las principales escuchas ilegales tienen que ver con la causa que investiga el acto terrorista.

Cuando la querella y los fiscales dictaminen y pidan la elevación a juicio, entonces el juez deberá darle vista a las defensas de los procesados, que tomarán otros seis días para expedirse en contra, pedir el sobreseimiento o nuevas medidas de prueba.

Recién después de todo este intercambio de diligencias judiciales, el juez estará en condiciones de decretar la elevación a juicio y esperar la asignación a un Tribunal Oral.