Cuando la semana próxi­ma estén definidas las líneas de investigación y los testigos que se­rán citados, comenzará de hecho el trabajo de la Comisión Espe­cial Investigadora de la Legislatu­ra porteña, que tiene como obje­tivo determinar qué responsabilidad po­lítica tuvo el jefe de Gobierno Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios, en el caso de las escuchas ilegales, que explotó por la denuncia del familiar de una víc­tima de la AMIASergio Burstein, y pondrá también bajo la lupa el ac­cionar de la Policía Metropolitana.

Por los limitados alcances de esta Comisión (que, por ejemplo, puede convocar a testigos que no tienen obligación de asistir), la gran complejidad del tema que se trata (escuchas telefónicas, ex agentes de la SIDEinvolucrados, participación de empresas de se­guridad, ex miembros de la Poli­cía Federal involu­crados) y el escaso tiempo del que dis­pone, el bloque PRO la considera una pantomima y un show me­diático, aunque la oposición espe­ra cumplir con el objetivo que se propuso: demostrar las responsa­bilidades de Macri en las distintas líneas de investigación.

A la manera de un juez de pri­mera instancia o un fiscal, hasta el 1 de diciembre, esta Comisión conformada por 12 diputados opositores y 5 del PRO, deberá re­unir pruebas, y desde ese día has­ta el 15 de diciembre, tendrá que producir los informes finales. Esto supone que la Legislatura tendrá a casi el 30 por ciento de sus in­tegrantes abocados a un farrago­so estudio, hasta fin de año, por lo que es de esperar una eventual parálisis de la tarea legislativa de buena parte del cuerpo, en lo que resta de 2010.

Siguiendo el principio de repre­sentatividad previsto por la Consti­tución porteña en el artículo 83, in­ciso 2, y luego de la presión del PRO por tener más miembros que la in­tegraran (respetando la proporción que tienen en el cuerpo), se definió que todos los bloques tenían que tener sus representantes, "porque de lo que se trata es de investigar, y ahí no es necesaria proporciona­lidad alguna", sostuvo el diputa­do de Proyecto Sur Julio Raffo. Este respeto por la letra constitucional tiene como consecuencia una can­tidad de líneas investigativas, según lo que cada bloque considere nece­sario para la obtención de las prue­bas (ver aparte).

La punta del ovillo

Presidida por el legislador de Igualdad Social Martín Hourest, con Martín Ocampo (PRO) como vicepresidente y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) como secreta­ria, la Comisión Especial Investiga­dora contará con "las más am­plias facultades y podrá solicitar al Cuerpo y a las comisiones todas las medidas necesarias para ha­cer conducente la pesquisa. Podrá solicitar información, documen­tación y peritajes al Poder Ejecu­tivo y al Poder Judicial de la Ciu­dad, así como recibir declaración de sus autoridades, funcionarios y empleados, podrá también recibir declaración de particulares y dam­nificados y efectuar toda otra dili­gencia probatoria que sea necesa­ria para su cometido".

En los tres meses que durarán las pesquisas, los investigadores tratarán de dilucidar qué respon­sabilidad política les cabe a Macri y algunos de sus funcionarios en temas como:

• La designación de Jorge Palacios como jefe de la Policía Metropoli­tana: por qué lo nombró, a pesar de haber sido acusado de partici­par en el ocultamiento de pruebas del atentado de la AMIA.

• La contratación de James, ex es­pía de la SIDE, en Educación por­teño: quién lo contrató; qué hizo allí; por qué se presentaba como representante de la Metropolita­na si sólo era un aspirante y por qué contrataron a alguien forma­do en inteligencia para integrar una policía de proximidad.

• La relación de Macri con estos agentes: si fue previa a su nombra­miento, si los conocía, o si alguno de sus ministros lo conocían.

• La matriz de la Policía Metropo­litana: por qué se nombró como jefes o altos mandos de esta nue­va fuerza a policías que venían de realizar inteligencia en la Federal.

• La relación de Macri con los jue­ces misioneros que autorizaron la pinchadura de teléfonos.

• La relación del jefe de Gobierno con las escuchas ilegales: si se be­nefició de ellas, de qué manera, si las conocía y cuál era su relación con los involucrados en ellas.

Testigos variopintos

Si no fuera por la gravedad del caso, o sea, la supuesta con­nivencia de Macri para crear una policía de inteligencia y montar una red de escuchas ilegales, la investigación podría seguirse de ahora en más como una apasio­nante novela por entregas, don­de personajes secundarios y prin­cipales desfilarán a la vista de legisladores, cámaras, periodis­tas y el público en general, ya que está previsto que las sesio­nes semanales sean públicas (con algunas excepciones que podrían quedar en reserva, según explica el reglamento).

Para el lunes 13 de septiem­bre, los legisladores tendrán con­feccionadas sus listas de testigos. Según adelantaron varios de ellos, la idea es comenzar por las segun­das líneas, hasta llegar a las cabe­zas de los distintos ministerios y, por supuesto, al propio Macri. Por el caso de las escuchas ilegales, y como víctimas de éstas, se citará a Burstein, quien recibió un llamado anónimo advirtiéndole que esta­ba siendo escuchado. Su denun­cia recayó en el juzgado del juez federal Norberto Oyarbide, y fue lo que inició la causa que termi­nó involucrando a Ciro James, a Jorge Palacios y a Mauricio Macri, entre

otros.

La Comisión invitará a pres­tar su testimonio al parapsicólogo Néstor Leonardo, casado con San­dra Macri, que también será cita­da. Leonardo apareció en la lista de escuchas que realizaba Ciro Ja­mes, ex espía de la Policía Fede­ral, quien trabajó en el Ministerio de Educación conducido enton­ces por Mariano Narodowski. Ya en sede judicial, Leonardo decla­ró que el custodio del clan Macri, Richard Ford, agente de la CIA y representante en la Argentina de Ackermann Group (la agencia que Franco afirma haber contratado para escuchar a su yerno), lo ha­bía visitado para "sugerirle" que se separara de Sandra Macri.

Pero fuentes con acceso al ex­pediente afirman que figuran más personas del entorno de Macri ob­jetos de las pinchaduras ilegales de James. Una de ellas es su ex esposa, Isabel Menditeguy, que habría sido espiada en el período posterior a su divorcio en 2005 hasta 2008. Men­diteguy podría ser citada porque es una prueba que incriminaría direc­tamente al jefe de Gobierno, quien no podría argumentar que Franco mandó a espiarla.

Más esposas desfilarán ante los fiscales de la Legislatura. La wedding planner Bárbara Diez, ca­sada con el jefe de Gabinete Hora­cio Rodríguez Larreta, será citada para explicar su vinculación comer­cial con Silvia Zanta, mujer de Ja­mes, quien también está previsto que se presente ante la Comisión. Aunque todos quieren despren­derse de cualquier vinculación con el espía, hace unas semanas Dia­rio Z dio a conocer una vinculación comercial entre el suegro de James y padre de Silvia Zanta, y el minis­tro de Cultura Héctor Lombardi: en 2003, el ministro macrista y Juan José Zanta integraron la sociedad EFYC SA. Por esta razón, también Lombardi deberá comparecer.

Los investigadores legislativos ya adelantaron que citarán a Fran­co Macri, a Narodowski, al minis­tro de Justicia y Seguridad Guiller­mo Montenegro, al ex gerente de Socma y actual director de Recur­sos Humanos de la Ciudad, y por supuesto a los jefes de la Metro­politana Osvaldo Chamorro, Jorge Palacios y a Ciro James. Como es­tos últimos están detenidos, está previsto que la Comisión se trasla­de hacia los lugares de detención para obtener sus testimonios.

Como Macri afirmó que la em­bajada de Israel le había recomen­dado a Palacios como jefe de la Metropolitana, la oposición prevé invitar al embajador de ese país para que ratifique o rectifique los dichos del jefe de Gobierno.

Del lado macrista, pretenden llamar a declaración al actual jefe de la Policía Federal, Néstor Valle­ca, al titular de la Secretaría de In­teligencia, Héctor Icazuriaga (Pro­yecto Sur acompañaría el pedido de que toda la plana mayor de la SI pase por la Legislatura), y has­ta el ex ministro de Justicia duran­te el gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Beliz, para hablar sobre las internas en la Policía Federal.

Final abierto

Finalizado el período de prueba, la Comisión tendrá 15 días para elaborar el informe fi­nal, que luego se elevará al pleno de la Legislatura, con la firma de cada uno de sus miembros. El re­glamento establece que podrán elaborarse tantas recomendacio­nes y conclusiones como miem­bros la integran. En este caso son 17. Esas recomendaciones tam­bién serán puestas a considera­ción del plenario en la Legislatu­ra. Allí se debatirá si hay motivo para iniciar el juicio político a Ma­cri, si se pedirá la renuncia de al­gún funcionario, o si el jefe de Gobierno, como sostiene, no tuvo responsabilidad política al­guna en los hechos investigados. La dinámica de la política porte­ña puede transformar esa fecha en un paseo o en un infierno.