Después de perder tiempo y energías, al fin durante la semana que se fue el gobierno provincial pareció decidirse a afrontar algunos de los problemas que tiene -y que en algunos casos, gestó e intensificó-, lo cual no quiere decir todavía que haya elegido la mejor metodología o el objetivo indicado.

En uno de los casos, el gobernador Oscar Mario Jorge hizo claramente lo que tenía que hacer: anunció la puesta en vigencia de un protocolo que permita la implementación del aborto no punible, haciédose eco de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de la sobreactuación oficialista (que incluyó la convocatoria a una curiosa conferencia de prensa un feriado, día previo a que no salgan los diarios y con la injustificada presencia de todos los ministros), el gobernador definió así cerrar uno de los tantos frentes abiertos, anticipándose incluso a los planteos que le llegaron desde el Poder Legislativo.

Sí resulta algo cómico, después de ese anuncio, ver que el encargado de explicar algunas precisiones en los hospitales que van a intervenir en este tipo de situaciones, no es otro que el ministro de Salud Mario González que había vociferado a los 4 vientos que la provincia ignoraría lo resuelto por el máximo organismo judicial nacional.

Jorge también mostró cierta iniciativa política al convocar a representantes de los otros poderes -incluyendo a la Justicia y a referentes de la oposición-, aunque con un alcance limitado en cuanto a los temas a plantear, ya que fundamentalmente hizo hincapié en la puja salarial que afronta su gestión.

El gobernador intentó calmar algunos ánimos, insistiendo en que la provincia no atraviesa una situación de crisis, pero al mismo tiempo lamentando algunas imposibilidades, como si en algún punto disfrutara de esa ambigüedad: en la previa, habían sido sus propios hombres quienes instalaron la supuesta idea de una “desestabilización”, dándole aire a los “rumores” de un paso al costado.

El tercer aspecto al que Jorge debió dedicarse esta semana es el Medasur: en el plazo que le puso la Justicia, el gobierno llevó la propuesta de correr la obra de ese centro cultural hacia la calle Padre Buodo, atendiendo parcialmente el planteo de los amparistas que, de ese modo, ven en principio satisfecha su ambición de “salvar al parque” de la esquina con Corrientes.

En todo caso, las tres situaciones referidas dejan en claro que -tal como se le venía advirtiendo desde hace tiempo y desde distintos ámbitos- el oficialismo pierde cuando se encapricha y se encierra sobre sí mismo, y puede enriquecerse si se decide a atender -pero sensatamente- lo que otros sectores políticos y sociales tienen para decirle.

...y una de arena

El frente que el gobierno no sabe, no puede o no quiere cerrar es el que tiene abierto con los trabajadores del Estado: la oferta acercada al encuentro de conciliación obligatoria bastante lejos está de aplacar los ánimos de lucha que reinan entre empleados y dirigentes sindicales.

Por momentos queda la sensación de que el oficialismo no comprende exactamente el alcance del conflicto, que amenaza con extenderse no sólo entre los trabajadores, sino también en otros niveles: el encuentro que hoy mantendrá el consejo partidario del PJ analizará el tema bajo el incontrastable dato de que buena parte de quienes protestan -y de sus dirigentes- son justamente afiliados peronistas.

Durante la semana, además, se produjeron dos “reapariciones” que no se pueden dejar de tener en cuenta a la hora de analizar lo que viene.

Si en política nada es casual, habrá al menos que preguntarse porqué fue que tanto Carlos Verna -en un acto y con su típico silencio, en General Pico- como Rubén Marín -con duras declaraciones- eligieron este momento para reposicionarse.

Marín le dio a Jorge el consejo de que tome las decisiones que tiene que tomar, más allá de que puedan dejar insatisfechos a determinados actores públicos, pero también le recordó la necesidad de atender las demandas gremiales.

En principio, no parece nada buena la “idea” de ofrecerles a los trabajadores una chance para seguir endeudándose y meterlos de cabeza en el sistema financiero, en lugar de responder al concreto reclamo de un aumento salarial y de que se intente la puesta en marcha de las paritarias que con regularidad y sin tantos misterios se implementan a nivel nacional.

Quizá incrementa la bronca de los empleados el hecho de que haya aparecido como una especie de vocero el ministro González (otra vez), chicaneando la posibilidad de nuevas negociaciones y endilgándole a los gremialistas la supuesta intención de boicotear un acuerdo.

El oficialismo tampoco sabe medir del todo bien el impacto de torpezas de ese tipo, que son más de forma que de fondo, pero que le acarrean problemas y antipatías: tal vez puedan incluirse en ese detalle el hecho de haber tomado como aliado a los diputados del tiernismo y del partido de Mauricio Macri, o la ocurrencia de sentar en una mesa a un grupo de empresarios y comerciantes locales, presentándolos como un supuesto respaldo para que no se incrementen los sueldos.

El gobierno suele confundir los términos, e interpreta que escuchar o atender lo que otros dicen, significa asumir una derrota, cuando en realidad -y tiene en esta misma semana que se fue un par o un trío de constataciones- a veces no es más que solucionar un problema.