Luego fue la respuesta del ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, que se quejó de que la ciudad paga por el manejo de la basura el doble que cualquier municipio bonaerense. Pero en realidad el Gobierno porteño debe ponerse al día con la Ley de Basura Cero. Esto es, reciclar más y enterrar menos.

Una nueva etapa del conflicto entre la Casa Rosada y Bolívar 1 se abrió el jueves pasado, cuando la presidenta de la Nación le reclamó, desde la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que en el tema de la basura “invierta lo que tiene que invertir y la procese".

Inmediatamente, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, salió al ruedo a contestar –desde los micrófonos de Radio Mitre- que "la ciudad de Buenos Aires paga por el manejo de la basura el doble que la Provincia", aclarando a continuación que "la Ciudad paga 50 dólares por cada tonelada que se entierra, mientras que la Provincia paga 25".

Además, Santilli anunció que "está por inaugurar una planta para reciclar 1.000 toneladas de basura por día", además de que se pondrá en marcha "un ecoparque para reciclar otras 1.800 toneladas por día". Así, con estas medidas, la administración porteña lograría reciclar casi la mitad de los residuos que se generan en la ciudad.

De todos modos, el problema no es sólo una cuestión de costos. La ciudad debe pagarle a la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana-Sociedad del Estado (CEAMSE) por el enterramiento de sus residuos y también por el transporte de éstos hasta los Centros de Disposición Final y, adicionalmente, por el control de sus propias empresas recolectoras, que también está a cargo de los inspectores de CEAMSE.

De todos modos, el problema de fondo es que la Ciudad de Buenos Aires está muy atrasada en el cumplimiento de las metas de la Ley de Basura Cero, que exigía entre sus metas futuras que en el año 2010 se enterraran un millón de toneladas de residuos; en 2012, 750 mil toneladas y en 2017, 375 mil. En 2020, quedaba prohibido enterrar toda basura que no fuera orgánica y biodegradable. Estas cifras de disminución se tomaron en base al millón y medio de toneladas que se habían enterrado en 2004.

Esta ley fundamental, llamada Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aunque más conocida como Ley de Basura Cero, fue aprobada por la Legislatura porteña el 24 de noviembre de 2005 y luego sufrió un accidentado periplo en su tránsito por los recovecos de la burocracia estatal. Por esta causa, recién fue promulgada por medio de Decreto Nº 7, el cuatro de enero de 2006 y fue reglamentada luego por medio de los Decretos Nº 639, del cuatro de mayo de 2007 y Nº 760, del 26 de junio de 2008.

Luego de sufrir la morosidad de los burócratas, la ley cayó de la sartén al fuego cuando asumió sus funciones Mauricio Macri y designó como ministro de Medio Ambiente y Espacio Público a Juan Pablo Piccardo, que saboteó desde el primer día la ley, a la que consideraba “una estupidez” y llevó su adhesión al aumento de la generación de basura hasta el límite de lo tolerable.

Fue así que permitió que la ciudad incrementara el volumen de residuos a enterrar hasta cifras irracionales. En 2008, se enterraron un millón ochocientas cuarenta y cuatro mil toneladas, cuando esa cifra debería haber estado –si se hubiera trabajado a favor de la separación de residuos en origen, es decir, en hogares y empresas- en no más de un millón de toneladas. Esta cifra significó un brutal aumento, que llegó al 14,30 por ciento con respecto a la de 2007, que fue de un millón 645 mil toneladas.

En 2009, la cifra de enterramiento se mantuvo más o menos estable: llegó a un millón ochocientos cuarenta y siete mil toneladas, pero en 2010 se encendieron todas las alarmas cuando la ciudad envió al CEAMSE dos millones 110 mil toneladas para ser enterradas. Este desborde sólo disminuirá si se toman medidas drásticas, que deberán ser implementadas a la brevedad.

El problema es de difícil solución, pero no imposible. Para comenzar, es necesario implementar la instalación de contenedores en toda la ciudad, algo que el nuevo ministro, Diego Santilli, ya comenzó a concretar, intentando así reparar los desaguisados que cometió su antecesor.

Otro de los elementos a tener en cuenta es que en la nueva licitación que se debería encarar en 2012 -porque ya vencieron los contratos anteriores del servicio de recolección de residuos y fueron prorrogados por un año- estén contemplados los objetivos de reducción del volumen a enterrar.

El problema es que la basura a alguna parte tiene que ir a parar. Si no va al enterramiento, debe ser reciclada, porque no existe otra vía. La instalación de los contenedores es sólo el comienzo del camino, porque después la basura debe llegar a ellos en la forma correcta.

Esto es, hay residuos secos –papel, cartón, vidrio y plástico- y residuos húmedos, que son principalmente restos de comida, es decir, que son degradables. Ambas clases de basura deben tener cada una su contenedor, porque los primeros van a los Centros de Separación y los segundos a los Centros de Disposición Final.

Sumadas, ambas clase de residuos representan el 70 por ciento de la basura que se genera en la ciudad. El resto son los áridos, es decir, desechos industriales no tóxicos, de podas de árboles, escombros de obras y demoliciones y tierra sobrante del movimiento de suelos.

Para que los contenedores se llenen de manera correcta, es decir que los que son para secos deben ser cargados con lo reciclable y los que son para húmedos, con restos de comida, se debe implementar una fuerte campaña de concientización, que no sólo debe ser publicitaria, sino que debe llegar a las escuelas, a los centros de comercio, a los espectáculos deportivos y a todos los lugares en los que haya grandes concentraciones de gente con tiempo libre para invertir en escuchar a sus educadores.

De no implementarse estas medidas, aunque sea parcialmente, la situación tenderá a agravarse progresivamente, porque además los márgenes de negociación de las autoridades porteñas con sus vecinos bonaerenses es cada vez más estrecho y éste será aún menor si no se reducen considerablemente los volúmenes de residuos que se envían a los Centros de Disposición Final.