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La polémica originada por las denuncias que se abatieron sobre las irregularidades administrativas y operativas registradas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) no pasó desapercibida en el recinto legislativo durante la sesión de ayer.

Los cruces entre oficialismo y oposición estuvieron al orden del día durante el período de Manifestaciones Generales, en las que se cuestionó severamente el accionar del ex titular del organismo, Miguel Brito.

Como se recordará, el Tribunal de Cuentas advirtió que la entidad pagaría sobreprecios de hasta casi un 128 por ciento por refacciones en la luminaria de Casa de Gobierno.

Para Silvia Elías de Pérez, la DAU "en dos años adjudicó 40 millones de pesos sin control, de los cuales el 51 por ciento fue adjudicado solamente a diez empresas". La radical planteó también que el TC en una serie de acordadas señaló que entre algunas irregularidades se encontraban pedidos de la Dirección por obras de iluminación que ya habrían sido realizadas.

La parlamentaria hizo mención a un particular caso. "Resulta que la DAU contó con los servicios de la empresa DC Construcciones que emite facturas apócrifas, ya que su dueño resultó ser un señor que vende choripanes en las ferias, por lo que esta supuesta empresa ni siquiera se encuentra registrada en la AFIP".

Elías de Pérez, ante lo señalado, instó a sus pares a "salvar la honorabilidad de la Cámara porque no podemos tapar de impunidad a una persona (Brito)". Por esta razón, pidió que se cree una Comisión Investigadora para abocarse al estudio de las irregularidades descriptas. Pedido que fue rechazado por el oficialismo.

Ricardo Bussi, al señalar primeramente que este caso resultó doloroso para él, ya que Brito militó en las filas de Fuerza Republicana y además fue amigo personal del legislador, cargó las tintas en la máxima autoridad de la provincia. "Si como dice el Gobernador que trabaja y controla en todo momento, estas cosas entonces no hubieran pasado. el único responsable es Alperovich, Brito, que es un simple perejil, actuó a sabiendas del gobernador".

En defensa del Mandatario, se dirigió la alocución de Gerónimo Vargas Aignasse quien remarcó que "ante la noticia de las irregularidades, el gobernador tomó la decisión de apartarlo del cargo (a Brito). Me parece razonable que, hasta que la justicia investigue, nos mantengamos al margen (por la tarea legislativa)".

Por su parte, Ariel García (UCR) consideró que estos sucesos "ponen un manto de sospecha sobre la gestión pública y actividad política. No estamos ante un nuevo felino, sino ante un hecho de corrupción escandaloso".

Molesto con las acusaciones vertidas por los refractarios al oficialismo, Guillermo Gassenbauer remarcó que cuando "la oposición habla de judicializar el caso sería bueno que alguna vez haya una sentencia. Lo único que consiguen son títulos en los diarios. Nosotros (legisladores) no somos jueces de nadie", planteó.

En idéntico sentido, se explayó el presidente de la bancada Tucumán Crece, Roque Álvarez, pues sostuvo que "lo peor que podemos hacer es politizar este tema porque es de instancia judicial. No nos podemos convertir en jueces ya que la honra de una persona no está en nuestras manos", adujo.