La causa que investiga el destino de los más de 2 millones de pesos, que supuestamente fueron usados en arreglos del edificio municipal de Villa Mercedes, ingresa lentamente en etapa de definiciones.

Ahora el titular del Juzgado Penal Nº 1, Alfredo Cuello, analiza el pedido hecho por uno de los denunciantes, el abogado Edgar del Corro, de llamar como testigos a 10 personas, en su mayoría investigadas por las maniobras bancarias de envíos a Chile.

Hasta anoche el magistrado no había tomado una decisión, pero no descartó que algunos de los 10 testigos pedidos por Del Corro, puedan ser llamados a indagatoria en lugar de ser llamados bajo la figura de testimonial.

De ser así, la diferencia radica en que el ciudadano que es llamado a indagatoria es sospechado de la comisión del delito por el cual es citado. En esa indagatoria tiene el derecho a defenderse. Mientras que el que es llamado a testimonial, sólo se lo cita como testigo y por lo tanto su declaración es bajo juramento y puede ser procesado si miente.

Lo que no reveló el juez es quiénes podrían ser llamados como sospechosos, pero en Tribunales especulaban que podrían ser Darío Sacco y Marcelo Zeballos, ex funcionario de la intendente Blanca Pereyra.

Las 10 personas que Del Corro quiere que declaren como testigos son, además de Sacco y Zeballos, son: Ariel Ayello y Gastón Bamba (ex funcionarios municipales), Ayelén Privitera Sacco y Susana Bello (hermana y abuela del ex secretario de Servicios Urbanos), Elisa Magnago y Gustavo Zeballos (madre y hermano del ex secretario de Hacienda), Virginia y Valeria Yáñez Pereyra (hijas de la jefa comunal) y Marisa Avecilla (esposa del ex asesor municipal Daniel Scappini).

Pero hay un punto a tener muy en cuenta. Cuello, antes de decidir si llama o no a indagatoria, deberá analizar alguna información más que espera, dijo un allegado.

Uno de los informes calificado como clave para establecer quiénes serán declarados sospechosos, es el de la tarjeta Banelco S.A. Al respecto, uno fuente judicial señaló que "ese reporte es fundamental para dilucidar si efectivamente hubo desvíos de fondos a otro país. Algo que es vital en la investigación".

Por ahora las sospechas están sostenidas en los informes bancarios que establecen algunos retiros de dinero a través de los cajeros de la red Banelco. Esas extracciones son los que quiere chequear el juez para definir la situación en la que están las personas mencionadas.

Acerca de la solicitud del Concejo Deliberante, el juez Cuello dijo que la próxima semana la copia del expediente será entregado en el edificio de calle Pedernera y Chacabuco, la sede del legislativo.

Ese pedido fue impulsado por los concejales José Giraudo y Tití Otazú, quienes pertenecen al bloque opositor de Pereyra.

La titular del Juzgado Penal Nº 3, Mirta Ucelay, también tramitó una copia del expediente del caso de los más de 2 millones.

Ucelay, que recepcionó la denuncia de Fiscalía de Estado de la Provincia por las sospechas de corrupción por el envío irregular de fondos municipales a Chile, debe determinar si las causas pueden unificarse y, de ser así, todas las actuaciones pasarían a consideración de Alfredo Cuello.