Un fiscal destituido hace cinco años va a volver a sus funciones y quedó habilitado para pedir al Estado que le pague alrededor de un millón de pesos por los sueldos que no cobró en este tiempo. Un tribunal de conjueces anuló la decisión que tomó el Jury de Enjuiciamiento cuando falló contra el fiscal Alberto Camargo, quien había ordenado el allanamiento de la Legislatura para investigar la votación del artículo constitucional que abolió la indexación salarial de los jueces.

Ahora, legisladores analizan presentar un recurso ante la Corte nacional y accionar contra los jueces subrogantes.

La sentencia lleva la firma de los conjueces Alberto Staib (el camarista que lideró los reclamos que los jueces hicieron contra el Estado para cobrar el sueldo actualizado por el índice de inflación); Juan Enrique Serra Quiroga y Silvina Furlotti (en disidencia). El tribunal considera que en el Jury que se le hizo a Camargo no se le garantizó el derecho a defensa, por eso hace lugar a la apelación presentada por el fiscal destituido y además de declarar nulo el procedimiento, le permite al demandante que inicie los trámites jubilatorios.

El 10 de agosto de 2006, el Jury de Enjuiciamiento (que está conformado por los siete ministros de la Corte, siete diputados y siete senadores) echó a Camargo por 13 votos contra 8, luego de haberle iniciado un proceso por haber allanado la Legislatura un año antes. Es que el 2 de agosto de 2005, el Senado aprobó la modificación del artículo 151 de la Constitución provincial que puso fin a la indexación salarial de los jueces (que fue avalado luego por la ciudadanía en los comicios de ese año).

Seis días después, Camargo recibió una denuncia del abogado Osvaldo Pérez, quien planteó que en la sesión legislativa el artículo fue apoyado por 24 senadores cuando en realidad se requería la voluntad de 26. Por jurisdicción, a quien le correspondía actuar era a la fiscalía de Capital.

Sin embargo, Camargo avanzó argumentando que debía preservar la prueba. Entonces, pidió el secuestro de documentación y la jueza de Garantía Iris Guarna ordenó el allanamiento. La jueza no fue cuestionada y a Camargo se lo enjuició, entre otros motivos, porque había presentado dos días antes del allanamiento una demanda contra el Estado por la indexación salarial.

Los pasos a seguir

Ahora, el fiscal restituido puede reclamar al Estado lo que no cobró durante estos cinco años, lo que se considera como "sueldos caídos". Un fiscal percibe unos 15.000 pesos mensuales y si le devuelven lo que no percibió durante estos años, podría recibir cerca de un millón de pesos. Pero este polémico fallo tendrá consecuencias porque ha movilizado a gran parte del arco político-institucional local.

De hecho, ayer, el presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, se pronunció públicamente solicitando al Ejecutivo que presente un recurso extraordinario ante la Corte nacional.

A través de un comunicado le pidió a la Asesoría de Gobierno que "intente el recurso extraordinario federal correspondiente a fin de evitar el grave daño institucional que implica una severa lesión a las facultades constitucionales y legales de este Jury de Enjuiciamiento, en especial, y a la Provincia en tanto y en cuanto sujeto federal con aptitud para darse propias instituciones y regirse por ellas".

Es que el juez supremo fue el único miembro de la Corte que votó en el Jury en contra de Camargo. Ahora, volvió a marcar una posición que, según especulan en Tribunales, podría costarle la no renovación como presidente del máximo tribunal. Su mandato se vence el 24 próximo y sus colegas podrían bajarle el pulgar.

En la Legislatura el asunto ya repercute fuerte. Ayer por la mañana hubo varias reuniones entre legisladores de diferentes partidos y están evaluando varias líneas de acción.

Los senadores que pidieron el Jury hace cinco años podrían presentar el recurso extraordinario ante la Corte que sugiere Pérez Hualde. En esa movida estaría interesado directamente el futuro gobierno porque podría pagar las consecuencias económicas del fallo de los conjueces.

Pero no sólo eso. También están evaluando en la Legislatura pedir el Jury a los conjueces que declararon nula la sentencia contra Camargo. "Una resolución del Jury es inapelable, lo dice la ley", sostuvo una voz con poder de decisión. "Alegar que no hubo legítima defensa es falso porque se trata de un paso del Jury que es imposible saltear", sumó la fuente.