Lo que comenzó siendo una advertencia por parte del Tribunal de Cuentas (TC) en relación a pagos exorbitantes para refaccionar las luminarias de Casa de Gobierno, terminó por echar luz a una serie de presuntas irregularidades en las que habría incurrido la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) en el manejo de los fondos públicos. Una situación que, para tratar de salir de las sombras, ahora recorrerá los pasillos de Tribunales, puesto que ayer quedó radicada una denuncia formal al respecto.

De esta forma, la legisladora de la Unión Cívica Radical, Silvia Elías de Pérez se presentó durante el mediodía del viernes en los Tribunales de Avenida Sarmiento al 400 para dejar plasmada la acusación contra el ex titular de la DAU, Miguel Brito como presunto autor o partícipe necesario de la probable comisión del delito tipificado como fraude a la Administración Pública.

"Más que una denuncia contra una persona, es contra un sistema y una defensa al bolsillo de los tucumanos. Debe quedar claro que esto no se trata de una denuncia política. Existen operaciones con empresas fantasmas, sin domicilio, con facturas apócrifas o cuyos titulares no tienen ingresos o demuestran vivir en un estado de precariedad. Asimismo, varias empresas no registran movimientos en la Dirección General de Rentas de la Provincia", sostuvo la parlamentaria en relación a los múltiples casos que ha podido documentar y a partir de los cuales se basa la presentación judicial.

Millones en danza

Como se recordará, un control preventivo efectuado por el TC había frenado obras de reparación de las luces de la fachada del Palacio Gubernamental. Dicho órgano de control, advirtió que iban a abonarse precios excesivos por luminarias y equipos. El presupuesto era de 128.768 pesos y los fiscalizadores consideraron que los costos de algunos ítems no eran razonables. De hecho, marcaron que se habían presupuestado reflectores con precios de entre el 42 y 128 por ciento más caros que los que existen en plaza.

Justamente, Elías de Pérez, en el escrito elevado a la fiscalía de turno, estipuló sus críticas para con la Ley 7.960 que faculta a la DAU a evitar el llamado a licitación en contrataciones de obras y servicios por hasta 150.000 pesos, con la sola declaración de trabajos "prioritarios" y/o "urgentes".

"Esta Ley, dio pie para que desde dicha dirección se montara un mecanismo plagado de gruesas irregularidades en las tramitaciones para la ejecución de obras y trabajos realizados por contratación directa, previo cotejos de precios, de bienes y servicios", adujo en este sentido la radical, impulsora de la denuncia en conjunto con su compañero de bancada, Ariel García.

Entre algunos de los aspectos que se consignaron en la demanda, se resaltó que solamente en los años 2010 y 2011 (y según la información publicada en la página web de la DAU) el organismo realizó contrataciones directas por más de 40 millones de pesos. Asimismo, se indicó que durante el último mes en el que Brito estuvo a cargo de la repartición, se rubricaron 17 acuerdos en los que TC le impidió ejecutar actos de modo preventivo.

"Se sobrefacturaron obras, se entregaron trabajos y se compraron insumos a empresas que tienen relación directa con el ex titular, y para evitar las licitaciones públicas fraccionaron los trabajos y facturaron montos inferiores a los 150.000 pesos", señaló Elías de Pérez en las argumentaciones vertidas en la denuncia.

Adjudicaciones sin control

Paralelamente, una de las cuestiones en las que se enfocó al momento de caracterizar las irregularidades detectadas, estuvo basada en que la DAU, en dos años, adjudicó 40 millones de pesos sin control, de los cuales el 51 por ciento fue adjudicado solamente a diez empresas, de las cuales el 100 por ciento de las mismas presentan irregularidades en su conformación, titulares, domicilios y facturación.

"Esto es la punta del iceberg, hemos traído pruebas que refrendan qué es lo que pasó con los 40 millones de pesos de los tucumanos que los han asignado directamente y malversado. Mientras que en otras actividades de la DAU y en el resto de sus obras, también se muestra que hubo manejos fraudulentos", alegó la legisladora.

El miércoles último, durante la sesión del parlamento local, Elías de Pérez tuvo la intención de que se aprobara la conformación de una Comisión Investigadora que se aboque al análisis de los casos detectados y que complican la situación tanto de Brito como del organismo que estuvo a su cargo. Sin embargo, la mayoría oficialista, luego de defender lo actuado, en este caso por el gobernador José Alperovich al solicitarle la renuncia inmediata al ex bussita luego de que el escándalo estallara por los medios de comunicación, desestimó lo planteado por la radical.

Incluso, hubo casos como el de los peronistas Gerónimo Vargas Aignasse y el presidente de la bancada Tucumán Crece, Roque Tobías Álavarez quienes sostuvieron que la Legislatura no debía inmiscuirse en este asunto hasta tanto no se haya expedido la Justicia.

Consultada sobre la actitud asumida por sus pares del oficialismo, Elías de Pérez manifestó que "la Legislatura por supuesto que podría intervenir, pero no quiso. Debemos entender cuáles son nuestras obligaciones y yo, con lo que estoy haciendo ahora (efectivizar en los hechos la denuncia), cumplo con ellas. Lo que está haciendo la Legislatura es no querer ser parte de la investigación, ni tampoco hace las cosas necesarias como para que los tramites sean más sencillos. Cumplí cada uno de los requisitos legales que debía hacer, pero se me fueron cerrando las puertas para acceder a una mayor información", relató.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, la legisladora aseveró que "hay complicidad en muchas personas, silencios o miradas al costado por parte de quienes tienen a cargo directo estas reparticiones, como lo es el Ministro de Obras Públicas de Tucumán (Oscar Mirkin), ya que no puede ser que no conozca estas cosas".

Responsabilidades compartidas

Al requerírsele su postura en relación al grado de conocimiento que podría haber tenido el propio Alperovich sobre las irregularidades descriptas, la referente de la UCR sostuvo que "ahora, el Gobernador las conoce, debería la gente que tiene a cargo haberlo informado, pero creo que esta es una metodología que sigue Alperovich en forma constante. Cuando se hace que se aprueben leyes, que se evadan formas de control, o bien se autoriza para que se manejen cosas de forma turbia, estás avalando que tu administración sea con la oscuridad necesaria como para que haya este fraude y muchos más".

Entre las medidas que solicitó sean llevadas a cabo por la Justicia, Elías de Pérez detalló la citación a declarar de Brito en calidad de imputado, además de que se disponga el allanamiento a las oficinas de la DAU, a los fines de secuestrar toda la documentación contable y administrativa, con el objeto de realizar pericias para detectar las irregularidades denunciadas.

En esta misma línea, también se requirió el allanamiento en todas las empresas que fueron proveedoras de la DAU mediante el sistema de contratación directa, para recabar documentación contable de las mismas que se relacionen con las operaciones económicas realizadas con el organismo.

A su vez, la parlamentaria pidió que se libre oficio al Registro Provincial de Proveedores del Estado, con el objeto de que informe si las empresas involucradas figuran inscriptas en el registro. Finalmente, se solicitó al Banco Central de la República Argentina, datos atinentes a la titularidad, o no, por parte de Brito de cuentas bancarias abiertas en el país. En caso afirmativo, se requirió a la entidad bancaria remita informe completo sobre las respectivas cuentas.

Respecto al manto de dudas que se abate sobre la administración alperovista a raíz de las derivaciones que se sustentaron por este escándalo, Elías de Pérez insistió en su postura al remarcar que "esto es una metodología de funcionamiento del Gobierno de Alperovich, tiene que terminarse en la conciencia de los tucumanos el 'roba, pero hace', se puede hacer sin robar y a eso tenemos que acostumbrarnos de una vez por todas. Es claro que se puede administrar transparentemente, y esto es lo que pedimos y exigimos", finalizó la radical.