Una encendida polémica se desató en el Congreso chileno luego de que se aprobara la asignación mensual de más de 4000 dólares extras para los gastos operacionales de cada uno de sus 38 senadores a partir del martes 1° de mayo. El alza desató una intensa furia ciudadana, en un país en el que el salario mínimo es de 377 dólares.

Con el hashtag #SenadoresLadrones, la red social Twitter fue uno de los canales de desahogo de la molestia de miles de chilenos. A las críticas también se sumaron diversos diputados y políticos.

"Es una desfachatez increíble que los señores senadores hayan elevado una solicitud por un aumento de dos millones de pesos mensuales, lo cual equivale a un gasto anual de dos millones de dólares para el Senado", denunció el diputado opositor Fidel Espinoza.

En resumidas cuentas, los senadores chilenos tendrán a partir de mayo, y cada 30 días, más de 13.000 dólares para los citados gastos operacionales, lo que se suma a su dieta parlamentaria, que asciende actualmente a cerca de 15.000 dólares mensuales.

"¿Cómo es posible que se demoren una eternidad en ponerse de acuerdo si suben o no el sueldo mínimo y en un solo día suben sus asignaciones en dos millones de pesos?", se preguntó el precandidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt.

El requerimiento de alza fue hecho por el senador opositor Guido Girardi, sólo un día antes de dejar su cargo de presidente de la Cámara. El recién asumido presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, intentó salvar la situación, y aseguró que los legisladores "no recibirán ningún peso más de ingreso individual" y que el destino de esos recursos "aún no había sido definido". Sus palabras, sin embargo, fueron desmentidas por el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Sergio Páez, que aclaró que éstas comenzaban a correr desde el próximo mes -paradójicamente, en el Día del Trabajo- y que estaban destinadas a gastos operacionales, tales como alquileres de oficinas, teléfonos, nafta y otros.

Pero lo más increíble vendría horas más tarde, cuando Páez involucró a la Cámara baja. "Todo esto pasó por la aprobación de las dos Cámaras y del gobierno, por lo que se creó un conflicto que no logro entender (...) es una disputa irracional, no me explico por qué los diputados alegan si ellos también perciben este dinero desde el 1° de enero", señaló.

El nuevo impasse de los parlamentarios se enmarca dentro de una espiral de críticas a la clase política, sumamente desprestigiada entre la ciudadanía de acuerdo con las encuestas. Según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), de diciembre de 2011, sólo el 13% de la población legitima la labor de los legisladores.

A ello también contribuyó el complejo escenario que vivió la Cámara de Diputados, tras aprobar en octubre del año pasado la compra de un iPad 2 para cada uno de sus 120 miembros. Apenas se filtró la noticia y con la licitación en marcha, el Parlamento echó pie atrás en su iniciativa tecnológica.

El director de la consultora especializada en opinión pública y medios Conecta Media Research, Luis Argandoña, explicó a LA NACION los alcances de este nuevo traspié.

"Se instaló ya un ambiente de conflictos sociales y disconformidad ciudadana frente a sus autoridades, que tiene como base el descrédito creciente de toda la clase política. Toda nueva información se interpreta sobre ese trasfondo", dijo Argandoña.