| En la semana pasada, estuvo una vez más en Mar del Plata la procuradora general María del Carmen Falbo. Mantuvo reuniones, dio charlas, se la vio junto al fiscal general Fabián Fernández Garello. El motivo de su presencia fue la celebración de los diez años de los Tribunales de Familia. Todo formal, todo muy acotado y controlado.
De las otras incomodidades, no habló ni le preguntaron. Es cierto que la situación edilicia es patética, que las dependencias funcionan en oficinas, ex hoteles, sin las menores condiciones de habitabilidad y transitabilidad y que se derrocha un dinero fabuloso en alquileres. Ningún edificio público soportaría un escrutinio escrupuloso de accesibilidad, por ejemplo. Pero eso es sólo una parte.
Sin embargo, hay otras prioridades, si de hacer justicia se tratase. Mar del Plata sigue sin tener un laboratorio criminal como debiera; las pericias complejas son derivadas a La Plata o Bahía Blanca. Y la operatoria de algunas fiscalías merecería una lupa dedicada. Tal el caso de la de Delitos Económicos, titularizada por Eduardo Amavet, y la fiscalía criminal de Marcos Pagella.
En el caso de Amavet, es notorio cómo inexorablemente se disciplina con el poder político llegando incluso a la inacción absoluta, como ha ocurrido en el caso de la denuncia a la Cooperativa Eléctrica de Balcarce. En su decisorio para exonerar de culpas a los directivos de la cooperativa, el juez de Garantías Daniel Di Marco, el 29 de noviembre de 2010 declaró “extinguida la acción penal por falta de acción, toda vez que se ha violado el plazo razonable de duración del proceso penal”. Es decir, el fiscal se durmió. Como consecuencia, llegó el sobreseimiento para Adobbati y Teruggi, presidente y auditor externo, respectivamente, de la cooperativa al momento de la denuncia.
Entre la denuncia y el sobreseimiento, el fiscal Amavet “descansó” seis años y medio (desde el 25/6/2004 al 29/11/2010). Di Marco abunda al respecto: “Se observa falta de diligencia en la premura e intensidad de la pesquisa por parte del Ministerio Público (…) Toda esta dilación indebida corresponde sea atribuida exclusivamente al comportamiento del Ministerio Público Fiscal”. Pero no hay sanción para tal conducta: todo queda allí, en un expediente lejos de la mirada pública.
El caso de Marcos Pagella es otro que queda fuera de la mirada pública. En el caso del enfrentamiento en la vía pública en el que cayó muerto bajo las balas policiales Alejandro Galván, de 29 años, Pagella ejerció presión sobre los peritos para convertir el enfrentamiento en un ajusticiamiento, digamos, en una causa de “gatillo fácil”. De tal cuestionable tenor ha sido su conducta, que los peritos amenazaron con redactar una denuncia al respecto. La propia carátula con que Pagella caracterizó el episodio habla claramente de su cerrazón ideológica.
Pero claro, de estas pequeñas cuestiones, tan caras al ciudadano de a pie, no hablan ni Falbo, ni Garello, ni Pulti. Justamente de aquello de lo que deberían hablar alto y claro.

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