instancia que buscarán los concejales del Frente Salteño, mediante la propuesta de un proyecto de Resolución que adhiere a la acción de amparo presentada en los términos de los artículos 14, 14 bis y 43 de la Constitución Nacional por los Diputados Javier David y Guillermo Durand Cornejo en contra del Poder Ejecutivo Nacional, la secretaría de Comercio Interior y la secretaría de Energía de la Nación.

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Se trata esencialmente de un planteo que exige definición política del cuerpo deliberativo y no se descarta la aparición de otros proyectos en este sentido, porque aún cuando su aprobación no produzca efectos definitorios para el conflicto, implica la adopción de una posición claramente crítica con el gobierno nacional, al tiempo que el Concejo no puede permanecer ajeno al problema que está afectando a gran parte de la población. El concejal Ariel Burgos opinó que "la ineficacia de las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Central en materia de energía dejaron a ésta y a otras provincias, impedidos de trabajar, de circular y sin poder acceder a los servicios públicos de transporte, entre otros graves perjuicios".

El punto 8 del Orden del Día previsto para la sesión de hoy prevé el tratamiento de un proyecto de Resolución del concejal Carlos Humberto Saravia para instruir al Defensor del Pueblo para que habilite las gestiones que se encuentren en el marco de su competencia tendientes a garantizar el aprovisionamiento y expendio de combustibles líquidos para automotores.

Códido de Planeamiento

Las modificaciones al Código de Planeamiento Municipal remitidas por el Departamento Ejecutivo, que también fueron objeto de debate y consulta mediante un seminario organizado a fines de abril, están prácticamente acordadas. Se trata de modificaciones que apuntan principalmente a corregir un defecto del Código que impedía la construcción de dúplex (viviendas multifamiliares) en la zona de barrio Gran Bourg y Tres Cerritos, acota cuestiones referidas al funcionamiento en la ciudad de actividades que no estaban completamente prohibidas, ni completamente permitidas, es decir que abrían margen de discrecionalidad para los funcionarios y modifica índices urbanísticos para aquellos terrenos con ochavas. El proyecto del Ejecutivo señala que durante el período de implementación de la norma (Ordenanza 13779) se ha detectado la necesidad de ajustar algunos aspectos de su texto en orden a lograr más claridad y precisión es su aplicación, que las modificaciones propuestas se encuentran adecuadamente fundamentados y que es necesaria su aprobación no paralizar la ejecución de obras.