La equiparación de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial con el 90 por ciento de lo que cobran sus pares de la Justicia Federal –que debía entrar en vigencia este mes y será postergada hasta noviembre– tendría un impacto de 147 millones de pesos anuales, según fuentes del bloque oficialista.

La readecuación salarial se vino realizando progresivamente desde que la Legislatura sancionó la ley 9.725 el 29 de diciembre de 2009. Para efectivizarla este mes, además del 11 por ciento que restaba aumentar, había que sumar dos aumentos que realizó la Corte Suprema de la Nación, que elevaba a 22,6 por ciento la recomposición.

El viernes, el Gobierno convocó a una sesión extraordinaria para hoy, para modificar la ley 9.725. El proyecto posterga hasta el 1° de noviembre la entrada en vigencia de la equiparación. Fija además que durante ese lapso, los reajustes que se otorguen no podrán superar a los porcentajes de suba salarial que se conceda a la administración pública. Sergio Busso, titular del bloque de Unión por Córdoba, remarcó que la imposibilidad de aplicar ahora la readecuación es ocasionada por la falta de pago de la Nación de los 1.700 millones de pesos que le adeuda a la Provincia.

Busso puntualizó que Unión por Córdoba comparte la equiparación, pero pidió a la Justicia que acompañen al resto de la sociedad ante la asfixia financiera que sufre la Provincia por la deuda nacional.

La Unicameral tratará además cambios a la ley de manejo del fuego, la ampliación de eximición impositiva a las actividades artísticas y la ratificación un convenio con la Nación.

22,6% es la suba requerida

Aumento. Además del 11% que restaba ajustar, nuevas subas de sueldos en la Corte Suprema elevan el ajuste por equiparar.