Las vueltas del destino pusieron a Mastrascusa del otro lado del mostrador y hoy el ex funcionario es gerente técnico de INGE y aspirante a ocupar un cargo en el directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

El candidato señala que INGE es “la única consultora vial de Mendoza. ¿Se supone que no debería trabajar?” Cierto, si el ex funcionario de Vialidad es un entendido en la materia, tiene derecho a trabajar en una consultora vial.

La memoria colectiva suele tener escaso registro de los hechos. Sólo quedan los hitos de concreto y es por esto que, para la política, obras son amores. Ahí está el viaducto y esa sensación de velocidad debida a que no hay semáforos que entorpezcan la circulación.

Pero hubo polémica con la obra. Hurgando en los archivos periodísticos se encuentran fuertes cruces en los que flota la sospecha.

La venta de los pliegos arrancó el 18 de julio de 2005 y la apertura de sobres estaba prevista para el 1 de setiembre del mismo año; apenas 43 días corridos para preparar el proyecto y, además, realizar el estudio de impacto ambiental, que debían realizar las empresas interesadas en realizar la obra.

El 17 de agosto de 2005, el entonces diputado del PJ Roberto Blanco publicaba una carta al lector en Diario Uno. Allí se preguntaba: “¿Cómo se determina un presupuesto oficial ($ 29.365.820,60) hasta con centavos si no existe un proyecto oculto de la DPV? ¿Cómo se determina un plazo de obra si no se conoce el proyecto?” El legislador planteaba una duda (ver aparte).

Al calor del debate, la apertura de sobres del proyecto se pospuso al 21 de setiembre de 2005, otorgando veinte días más para el desarrollo de las propuestas.

El 29 de noviembre se abrieron los sobres con la propuesta económica. Días después, el 9 de diciembre, el propio Mastrascusa adelantaba el veredicto a Diario Uno.

“Están dadas todas las condiciones para que el ganador sea Green-Tolcon-Inge Consultores (INCO), aunque la palabra final la tendrá el Consejo Ejecutivo”.

Dicen los memoriosos que esa declaración desató la furia del entonces gobernador Julio Cobos. Días después, Mastrascusa dejaba su cargo, en medio de la pelea entre iglesistas y cobistas. Mastrascusa es aún un reconocido iglesista. El 3 de enero asumió el nuevo titular de DPV, pero la obra fue adjudicada en abril al consorcio que predijo Mastrascusa.

La obra iba a costar $ 28.499.940,69. Pero los cálculos en contexto inflacionario nunca son tan exactos. Y así fue que la recepción provisoria de la obra se hizo en diciembre de 2008, tras 990 días de ejecución (a pesar de que el plazo de la propuesta ganadora era de 260 días). Pero, por la demora nunca se cobró una multa, el monto final fue de $ 42.956.510,10.

Pero, no conformes con los ajustes de costos, la UTE reclamó 5,3 millones más, que le fueron otorgados. Así, el monto final fue de 48,2 millones de pesos, veinte millones más de los propuestos en la licitación, casi el doble.

Mastrascusa alega que no recuerda bien, “me estás hablando de hace siete años”; pero dice que es un procedimiento habitual licitar proyecto y ejecución, “permite mayor flexibilidad y elegir la mejor propuesta”.

Otro dato interesante es que INGE Consultora es una sociedad anónima vinculada al ex ministro de obras de Rodolfo Gabrielli, Roque Giménez. Y la obra se hizo con un préstamo del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), que en aquellos años conducía el ex legislador provincial del PJ Raúl Ramírez. Ambos provenían del sector azul del peronismo.