El jefe de servicios del EPEN en Villa La Angostura, Javier Abraham, opinó ayer que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que obliga a las empresas que prestan servicios de electricidad, alumbrado público, videocable y telefonía a realizar las extensiones o nuevas líneas con cableados subterráneos “va a ser inaplicable”.

En una entrevista concedida a LA ANGOSTURA DIGITAL Abraham dijo que “la ordenanza tal como está plasmada no contempla de dónde van a salir los fondos”. Sostuvo que el EPEN a diferencia de un inversor privado, lo tendría que aplicar en la tarifa y sería un alto impacto en el cuadro tarifario.

Advirtió que realizar un cableado bajo tierra representa un costo ochos veces superior a una línea convencional.

Por eso, planteó sus dudas de cómo van a abastecer de energía por ejemplo los loteos sociales y quién pagará esos altos costos. Recordó el caso del loteo Pascotto donde no hay teléfonos fijos porque Telefónica no quiere hacer las líneas subterráneas.

Por eso, consideró que “si no hay una herramienta que diga cómo se va a financiar va a quedare en una ordenanza con buenas intenciones. Los concejales tenían que haber previsto en la norma si se financiarán los cableados subterráneos con un nuevo impuesto, de un canon, de un fondo fiduciario y ahí sí convenir con las empresas prestadoras de los servicios. Veo que no es una ordenanza para este momento de Villa La Angostura y que esconde intereses personales”.

La ordenanza fue sancionada por unanimidad en la sesión del jueves. El concejal de la UVAC, José Dino, impulsó el proyecto para aplicar una modificación al Código de Planeamiento Urbano de Villa La Angostura (ordenanza 1414/03).

Los ediles recordaron que el Código “establece que los servicios de energía eléctrica, de alumbrado público, de telefonía, y cualquier otro servicio público o privado que ocupe el espacio público, deberá ser provisto obligatoriamente en forma subterránea”.

La modificación

Pero señalaron que en la misma norma había una cláusula que permitía que “las empresas prestadoras que necesiten empalmarse a los tendidos aéreos ya existentes para extender nuevos cableados aéreos, sea por remodelación, extensión o conexión a nuevos usuarios de energía eléctrica, telefonía o televisión, deberán requerir la autorización al Ejecutivo municipal”.

Plantearon que “dada la contaminación visual que produce el cableado aéreo, y el efecto que producen las inclemencias climáticas sobre la prestación del servicio y la seguridad de las personas, este Concejo Deliberante decide tomar acciones tendientes a ir eliminando paulatinamente los cableados aéreos en nuestra localidad”.

Por eso, modificaron ese artículo del Código de Planeamiento. La ordenanza establece que “las empresas prestadoras que necesiten empalmarse a los tendidos aéreos ya existentes para extender nuevos cableados, sea por remodelación, extensión o conexión a nuevos usuarios, deberán hacerlo obligatoriamente en forma subterránea”.

Y autoriza al Poder Ejecutivo Municipal “a firmar convenios con las empresas prestadoras, que brinden servicios mediante cableado aéreo, donde conste cronograma de trabajo para ir reemplazando el cableado aéreo por subterráneo”.

Definieron que “el plazo para la firma de dichos convenios no podrá superar los 360 días corridos a partir de la promulgación de la presente ordenanza”. “Dichos convenios serán firmados ad referéndum del Concejo Deliberante”, prevé la norma de la polémica.

Sin sentido

Abraham dijo ayer que “no le veo mucho sentido a la ordenanza”. Señaló que “soterrar las líneas existentes va a ser mucho más caro que enterrar una obra nueva”.

Dijo, a modo de ejemplo, que si en el barrio El Once van a enterrar las líneas de electricidad, videocable, telefonía “la Municipalidad no podrá estar ausente con la apertura de las veredas”.

Sostuvo que “hay un montón de cuestiones técnicas que no se tuvieron en cuenta”.

El presidente del Concejo Deliberante, Héctor Aguilar, sostuvo tras la sanción de la ordenanza que, “sin duda, que las empresas deberán hacer una inversión importante, pero lo pueden ir amortizando con lo que se ahorrarán en mantenimiento”.

Y citó el ejemplo del EPEN que debe traer cuadrillas de otras localidades y comprar insumos para reparar las líneas cada vez que hay un frente de tormenta importante. Abraham no está de acuerdo. “Esas son sólo estimaciones porque no se han puesto a analizar los números fríamente”.

Recordó el caso de un loteo social, ubicado en inmediaciones del gimnasio Adrián Mercado, que la Municipalidad no entregó los lotes con los servicios mínimos “y tuvimos nosotros que tirarle un cable para que pueda tener luz, porque la Municipalidad no lo podía hacer”.

El lugar al que se refiere Abraham es donde se instalaron familias del Plan Federal I que ocuparon los lotes y construyeron por esfuerzo propio, porque el plan habitacional nunca se hizo.

Aumento en la tarifa

Abraham dijo que el EPEN la única forma de cubrir los costos de poner las líneas bajo tierra es aplicar un aumento en la tarifa y advirtió que “es muchísimo en el cuadro tarifario”.

Por eso, afirmó que la ordenanza “va a ser inaplicable”. “¿Cómo va a hacer un vecino de El Mallín para pagar esos valores?”, se preguntó. “Vamos a tener un problema social”, anticipó.

Dijo que el EPEN tiene que instalar un cable de media tensión de 7 kilómetros en la zona de Puerto Manzano y todavía están buscando el financiamiento ante el Consejo Federal de Inversiones. El EPEN compró el cable en plena emergencia por la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle.