Después del golpe que dio el gobierno nacional, Epec eligió el silencio. El directorio de la empresa provincial de energía eléctrica evitó ayer hacer declaraciones o evaluaciones públicas sobre el impacto real que tendrá en Córdoba la decisión de la Casa Rosada de quitarles subsidios a las distribuidoras provinciales que aplicaron aumentos en la tarifa de la luz. La conducción encabezada por el riocuartense Osvaldo Simone se dedicó a realizar una evaluación interna para definir cómo enfrentará la decisión del Ministerio de Planificación que comanda Julio de Vido y de qué manera afectará a los usuarios.

Epec comenzó a aplicar desde este mes -y retroactivo a diciembre- un aumento del 15 por ciento, al que se le sumará otro 13 por ciento en marzo. La definición del gobierno nacional es que le descontará a las empresas provinciales en la misma proporción el aporte en subsidios. Es decir, la estatal cordobesa perderá a través de la merma en aportes lo que ganó a través del aumento a los domicilios, comercios e industrias. Por eso, la oposición planteó que el directorio de Simone estará obligado a trasladar esa quita a los usuarios, lo que provocaría un nuevo reajuste del 28 por ciento. En total, los cordobeses pagarían un 56 por ciento más desde marzo, una cifra que implicaría un fuerte costo político para el gobierno de De la Sota. Córdoba no ha sido, precisamente, una provincia que no haya actualizado la tarifa eléctrica: en los últimos tres años aplicó un reajuste global superior al 200 por ciento, con lo que fue mucho más allá incluso del índice inflacionario.

Por eso en Epec son tan prudentes y evitan hacer declaraciones. Desde la empresa sólo dijeron que, si se traslada a las facturas la quita de subsidios, no sería de manera lineal. “Hay divisiones por sectores y por tipos de clientes que estamos estudiando. No es para todos lo mismo cuando se analiza una situación de este tipo”, indicaron fuentes relacionadas con la empresa provincial. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna certeza ni ninguna definición porque la conducción está esperando vislumbrar el impacto real que tendrá sobre sus cuentas la postura de la Nación.

El cierre de los números

En una entrevista con este diario, Simone indicó que la tarifa no puede definirse únicamente pensando en que cierren los números de la empresa. “Sabemos que hay algún atraso tarifario, pero esto también demuestra la importancia de contar con una cartera política que pueda tomar estas definiciones. Porque la tarifa, en una empresa pública, no se puede tomar sólo pensando en que cierren los números sino que, también asociada a la quita de subsidios, va a tener una incidencia muy importante en el bolsillo de los cordobeses. Por eso es importante que la definición del nuevo cuadro tarifario y de cómo sería la quita de los subsidios”, indicó el titular de Epec ni bien asumió.

Además, Simone apostaba a una coordinación aceitada con las dependencias nacionales encargadas de la energía, un objetivo que, hasta ahora al menos, no parece haberse conseguido ya que el directorio de Epec se enteró por los medios de las declaraciones y las definiciones de De Vido.

Mientras se define el nuevo esquema de subsidios, Epec además está renegociando la tarifa que está cobrando por el aporte de energía que le hace al sistema interconectado nacional. El gobierno provincial señala que las cifras que está cobrando Córdoba están muy por debajo de otros contratos y pretende que el monto se eleve en 40 millones de pesos mensuales.

La tarifa de la luz es un problema sumamente delicado para el gobierno de De la Sota, porque por un lado impacta fuertemente en la economía de las familias y las industrias y, por otro, porque la actual gestión no tiene casi posibilidades de absorber la quita de los subsidios. Córdoba padece un cuadro de extrema debilidad financiera y le está reclamando a la Nación que le pague una deuda de 1.700 millones de pesos por el déficit de la Caja de Jubilaciones y por las obras que deben financiarse con recursos federales.

De acuerdo al primer tramo de aumento ya aplicado, si la quita del subsidio se trasladara directamente a los usuarios, el 70 por ciento de los clientes tendrían que afrontar una suba promedio de 58 pesos entre enero y marzo. Después se agregará el segundo tramo del incremento ya aprobado.