El reciente cruce entre el municipio y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) por las roturas en las cañerías de la ciudad derivó en el inicio de las negociaciones de un contrato de concesión entre ambos, que incluirá como uno de los principales puntos el replanteo de la tarifa. Desde la provincia apuntan a alcanzar un valor que permita las inversiones necesarias para renovar ductos que, en muchos casos, tienen más de 50 años. Por parte del municipio, en tanto, pretenden garantizar que la recaudación local no se utilice para financiar obras en otras localidades.

“Hay que discutir cuál es la tarifa real”, remarcó el subsecretario provincial de Servicios Públicos, Guillermo Gesualdo. Añadió que se trata de un punto “que hay que rever y es una parte importante de lo que hay que conversar con la Municipalidad”.

El funcionario observó que “esta ciudad va creciendo mientras tiene caños de más de 50 años con situaciones que hay que ir viendo”, y estimó que un contrato de concesión permitirá definir el financiamiento para la renovación integral de la red. Mencionó, entre otras obras pendientes, que “hay que colocar válvulas para regular el caudal de presión, verificar la calidad de las cisternas y recambiar acueductos en las calles Chrestía y Río Negro, entre otras”.

“Por ahí podemos conseguir financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas), pero son para obras muy puntuales de expansión y por ahí existen obras de mantenimiento corriente que tienen que estar contempladas, porque no es solamente el pago de los sueldos”, expuso.

Señaló, además, que otro de los puntos que les interesa acordar con la comuna es el mecanismo de recaudación. Indicó que hoy sólo un 30 por ciento de los usuarios de la ciudad paga regularmente por el servicio “y la idea es subir paulatinamente eso, independientemente de lo que cueste la tarifa”.

Por parte del municipio, el secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, coincidió en que la definición de la tarifa será uno de los ejes de la negociación con el EPAS, pero advirtió que abogará porque el precio que se fije por el agua para los vecinos de la ciudad no se vuelque en inversiones en otras localidades.

“La tarifa forma parte del contrato de concesión y es el resultado de los planes de inversión y de expansión, de los costos de distribución; por eso, obviamente que, si uno discute el contrato de concesión, el tema de la tarifa es importante”, razonó.

Advirtió no obstante que “el EPAS no puede pretender cobrarle al vecino de la ciudad de Neuquén por un servicio de distribución de agua y saneamiento para hacer inversiones en otras localidades que no le pagan”.

“Ellos tienen que empezar a pensar en separar su administración, su contabilidad y su estructura de costos entre lo que es la ciudad de Neuquén y el resto, ya que hoy nuestra tarifa es casi la única recaudación que tiene el EPAS para hacer inversiones en otro lado”, afirmó.

El gobierno provincial presta el servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad desde hace 30 años, cuando Obras Sanitarias de la Nación dejó de cumplir esa función. El año pasado, el Concejo Deliberante aprobó por primera vez un marco regulatorio, pero aún no se redactó el contrato de concesión correspondiente.