Es un proyecto fantasma. Ninguno de los legisladores consultados sabía de su existencia. Pero ingresó a la Casa de las Leyes el 28 de setiembre pasado; tomó estado parlamentario el 5 de octubre y desde entonces duerme en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. No sería raro que algún legislador no conozca alguna iniciativa, salvo por el hecho de que ésta en particular fue remitida por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de una ley votada en la Legislatura y se refiere a un tema de importancia: la adecuación del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento.

Para tranquilidad de todos, la iniciativa que mandó el Ejecutivo a la Legislatura necesita 180 días más para terminar de adecuar la estructura y las nuevas funciones y procedimientos a la nueva situación que se presenta en la prestación del servicio de agua y cloacas, antes en manos privadas y ahora a cargo de una sociedad anónima de capital estatal.

En silencio ingresó el documento y así se mantuvo hasta que Los Andes empezó a hacer consultas en el Ejecutivo. En honor a la verdad, las preguntas nacieron de algunas conversaciones con legisladores que empezaron a recordar el hecho de que no se había cumplido lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 8.270, sancionada el 1 de marzo del año pasado.

De acuerdo a ese apartado de la norma en la que se aprobó el endeudamiento para que Aysam pudiera encarar un plan de obras de cinco años, se indica que el Poder Ejecutivo tenía un plazo de sesenta días para remitir un proyecto que definiera el nuevo rol del EPAS, del Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento, el marco regulatorio y tarifario y el plan estratégico del sector elaborado juntamente con los municipios, conteniendo obras y tarifa de alcance social.

La situación raya el ridículo. Los meses pasaron y el proyecto solicitado por ley nunca llegó. Al menos nadie avisó que lo mandaban a fines de setiembre, es decir con los plazos ya vencidos, dado que la publicación de la ley 8.270 se produjo el 15 de marzo de 2011.

La situación raya el ridículo. Es cierto que a fines de setiembre y principios de octubre nadie estaba pensando en en el EPAS, sino en la campaña electoral y, después de eso, llegó el gran conflicto de la adhesión a la Ley de Discapacidad, con la presencia del famoso hombre de CQC, Gonzalo Rodríguez; el Jury de Enjuiciamiento contra el titular de Irrigación, Eduardo Frigerio, y luego el recambio legislativo. Pero nadie absolutamente nadie se dio por enterado de la llegada y nadie avisó que el Ejecutivo había mandado el expediente.

Sigilosamente entró el 28 de setiembre por mesa de entradas de la Cámara Baja y el 5 de octubre fue ingresado formalmente y girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que generó más preguntas: "¿Por qué a esa comisión si no se habla de plata en el proyecto?", dijo la amstutcista Patricia Gutiérrez.

Otro de los que nada sabía de esta iniciativa era el ex titular de la comisión de Obras Públicas, Roberto Blanco, uno de los que esperaba ansiosamente el proyecto del Ejecutivo. Hoy lejos de la Cámara baja, se mostró sorprendido por la novedad.

El radical Roberto Infante dijo que "tal como ha venido, ni amerita que lo tratemos. Desde el radicalismo estaríamos dispuestos a dar al ministro (Rolando) Baldasso 90 días más, pero que nos manden el proyecto completo, no un pedido de prórroga".

Del lado del EPAS, el actual titular del organismo, Javier Montoro, dice que "eran tiempos raros", esos en los que el proyecto fue enviado a la Legislatura, por lo que entiende que haya pasado inadvertido. Montoro dice, además, que necesita más tiempo para seguir trabajando en el futuro del organismo que conduce, ampliando las consultas con otras entidades como Irrigación, el Instituto Nacional del Agua y las universidades.

El ministro de Infraestructura, Baldasso, se excusó de la situación diciendo que no participó de la redacción del proyecto fantasma, puesto que en ese momento "yo estaba al frente de la que debía ser controlada por el EPAS", es decir, al frente de Aysam, la empresa que está a cargo del servicio de agua y cloacas de la mayor parte de la provincia desde octubre de 2010, luego de una larga intervención de la ex Obras Sanitarias Mendoza.