También el paquete incluye el expediente por el que se impulsa la modificación de la Ley Nº 7347 sobre Procedimientos abreviados, designación de reemplazantes de jueces, defensores oficiales y asesores de incapaces.

Y en tercer lugar el proyecto de modificación de la Ley Nº 7263 y su modificatoria Ley Nº 7301, Orgánica de la Justicia Penal. Todos los proyectos fueron derivados a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, que preside el senador Gustavo Sáenz (Capital-PJ).

Respecto a la Ley Nº 5642, Orgánica del Poder Judicial rige desde septiembre de 1980, desde el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa y fue modificada en junio de 1984 en la gestión del gobernador constitucional Roberto Romero.

Y la ley Nº 7347 de Procedimientos abreviado, designación de reemplazantes de jueces, defensores oficiales y asesores de incapaces, data de junio de 2005 y fue parcialmente modificada por la ley Nº 7375 de noviembre de ese mismo año, durante la gestión gubernamental de Juan Carlos Romero. Finalmente en relación a la Ley Nº 7263 Orgánica de la Justicia Penal, fue promulgada en diciembre de 2003, introduciéndosele modificaciones mediante Ley Nº 7301, en julio de 2004.

El Senado e YPF

El Senado se pronunció unánimemente declarando de interés de la Cámara Alta salteña las medidas adoptadas por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de expropiar y nacionalizar el 51% de YPF, y adherir a su decisión política que tiene como objetivos lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos; garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas regiones y habida cuenta que el Estado nacional controlará el 26,01 % de esas acciones y el 24,99 % estarán bajo manejo de las provincias productoras de hidrocarburos y entre ellas la provincia de Salta.

El senador Santiago Payo (San Martín-PJ) como representante del departamento productor de hidrocarburos puso de relieve "el perjuicio que sufrieron las comunidades del norte salteño tras la privatización de YPF, todo el daño que se hizo a nuestra zona, todo lo que perdimos y que difícilmente se recupere".

"Las provincias que somos productoras de hidrocarburos vamos a tomar otro rol en la participación de las discusiones", destacó.