Apenas se conoció la decisión de los integrantes del Consejo de la Magistratura de reevaluar los exámenes de los candidatos a cubrir las dos vacantes en la Cámara Civil de esta ciudad hubo repercusiones en los pliegues del Poder Judicial de la provincia.

Fuentes judiciales, con diálogo directo con algunos postulantes, señalaron que la resolución que tomó el Consejo era una de las soluciones posibles al problema. No obstante, algunos candidatos preferían volver a rendir el examen, pero con un jurado sin representantes del Poder Judicial de la provincia.

Los consejeros resolvieron el jueves, durante la reunión que se realizó en Bariloche, que el ex camarista Jorge Giménez, la jueza Elisa Díaz Vivar y la abogada de Roca Moira Revsin sean los nuevos examinadores para los diez postulantes.

Los candidatos habían rendido en mayo pasado. El jurado estuvo integrado por los abogados Martín Sánchez y Néstor Torres y el juez de una de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Ricardo Li Rosi.

El magistrado convocado aprobó a ocho de los postulantes.

Sin embargo, Sánchez y Torres sólo avalaron los exámenes que rindió la jueza de Familia de Bariloche Marcela Trillini y la funcionaria judicial del STJ, Emilce Álvarez.

En un hecho llamativo, los tres jueces civiles de Bariloche, Emilio Riat, Carlos Cuellar y Alfredo Serra, no aprobaron los exámenes escritos. Tampoco la jueza de Familia, Marcela Pájaro. Por eso, todos impugnaron el concurso, junto con otros dos postulantes.

El caso despertó suspicacias. El camarista civil Edgardo Camperi advirtió en la reunión del Consejo que "se cometería una injusticia excluyendo a los seis que impugnaron". Destacó que las impugnaciones eran fundadas.

Los representantes del Colegio de Abogados de Bariloche plantearon declarar la nulidad de las actas de las evaluaciones porque no se evaluó de acuerdo a la ley 2434, del Consejo de la Magistratura. Indicaron que "hay una clara desigualdad" en las evaluaciones de Sánchez y Torres.

"He advertido revisando que frente a las mismas evaluaciones se dan puntajes diferentes", afirmó el abogado Sebastián Feudal.

Trillini fue la única postulante que siguió las deliberaciones. Las fuentes consultadas observaron que jamás un interesado había estado en una reunión del Consejo, sin ser convocado.

Los abogados dijeron que Torres, por ejemplo, adhería a los fundamentos de Sánchez. Y recordaron que la ley establece que no debe haber deliberación previa entre los jurados. Advirtieron que en las actas había errores groseros en el recuento de los puntajes. "En un caso suman once más once y ponen veintitrés", indicaron.

El juez del STJ y titular del Consejo, Víctor Sodero Nievas, dijo que los consejeros no tenían facultades para cambiar las reglas del concurso. Sostuvo que tampoco se podía cambiar el tribunal examinador. Proponía que el problema tenía que ser subsanado por el mismo jurado. La misma postura tenía el legislador radical Alejandro Betelú.

Al final, la propuesta de los abogadas Marina Venerandi, Verónica Iches y de Feudal fue la que ganó por unanimidad tras extensas deliberaciones.

"Alguna vez tenés que perder, Sodero", le había dicho la legisladora del FpV Ana Piccinini, antes de retirarse molesta de la reunión.