Superada esta instancia y en el marco de la natural alternancia que demandan los compromisos políticos e institucionales, Fellner se abocó con decisión a la agenda nacional y regional, concentrando sus esfuerzos en la tarea de tornar un futuro económico proyectado a partir del potencial que ofrece el conjunto de las provincias, en especial Jujuy. Una empresa para nada sencilla, si se tiene en cuenta que el aparato productivo local y regional experimenta progresos o postergaciones según sea el direccionamiento del viento que sopla desde los despachos de Casa Rosada, lo que marca un claroscuro entre la iniciativa de las provincias por generar mayores riquezas y las contramarchas en que incurre el poder central enclavado en Buenos Aires.

Empeñado en habilitar pista al despegue de la minería, una actividad con efecto multiplicador inigualable, formidable, Fellner reunió a la Organización de Federal de Estados Mineros que comenzó a carretear en busca de su objetivo fundacional, que no es otro que concebir una estrategia integral orientada a promover inversiones, a fomentar la industrialización, a agregar valor a la producción y a mantener a resguardo las normas que versan sobre preservación medioambiental, aspecto sobre el cual gira precisamente la primera decisión de la OFEMI que dispuso articular auditorías, un punto de partida para orientar el necesario diálogo social esclarecedor.

La actividad minera se presenta como una de las fuerzas productivas más dinámicas de la economía y su potencial se encuentra en gran parte del territorio de las provincias argentinas que se recuestan sobre el eje cordillerano, se termina transformando, muchas veces, en la única alternativa posible de aprovechamiento económico y desarrollo.

Podrá ser objeto de adhesiones o abrir espacios a las discrepancias (no se puede soslayar recurrentes errores del pasado que aún hoy mantienen presencia, a través de consecuencias lamentables), pero también es innegable que se hace indispensable para una provincia necesitada de inversiones la política adoptada por el gobierno, orientada a alentar una minería racional, que fomente riqueza genuina, que progrese bajo un estricto control medioambiental, con características inclusivas que reporten beneficios reales a las comunidades originarias, con pautas sin fisuras que hagan respetar sus derechos, en resumen fomentar una actividad en un contexto de promoción económica, laboral y social.

Surge, simultáneamente, la necesidad de la articulación de acciones entre el Estado provincial, las empresas que traen inversiones y las comunidades directamente involucradas en la explotación, para tornar un escenario que facilite el consenso, que permita encarrilar estrategias para la construcción del indispensable diálogo social, que aglutine expectativas e intereses de comunidades, sector privado, profesionales, organizaciones civiles y todos quienes estén dispuestos a sumar a la construcción de un modelo político y minero rentable, serio, sustentable y racional.

LA OTRA CARA

Mientras la minería parece encontrar un norte, surge la contramarcha, la situación antagónica, resultado de decisiones inconducentes del Gobierno de la Nación que ponen en jaque a una actividad señera, indispensable para el destino de nuestra provincia, como es la producción tabacalera, un sector que parece haber sido elegido variable de ajuste por las sucesivas administraciones nacionales, sin importar el signo político a las que estas respondan.

Honda preocupación invade a la dirigencia de la Cámara del Tabaco de Jujuy por las recurrentes retenciones indebidas del Fondo Especial del Tabaco, una herramienta clave para la sustentación de esta actividad económica. Los sinsabores son proclives a acentuarse y no es para menos, atento a la compleja situación financiera que los productores enfrentan, sumada a la crisis económica que arrecia constantemente, una combinación que no hace otra cosa que sembrar incertidumbre.

Los altos costos de producción y los criterios adoptados por la autoridad de aplicación nacional del FET, contrapuestos a las condiciones, idiosincrasia y sistema productivo que Jujuy detenta con inigualable sacrificio desde hace décadas e imposibles de modificar improvisadamente, sintetizan una fórmula explosiva que puede activarse en cualquier momento, amenazando violentar pilares de la economía local y regional.

Jujuy es la primera productora de tabaco en Argentina con más de 42 millones de kilos acopiados, producto de 16.500 hectáreas plantadas y 2.500 kilos por hectárea, registro que representa un récord en promedios de rendimiento. El tabacalero, dentro de los agrarios, es mayor contribuyente a los sistemas Previsional y Social por su particularidad de actividad excluyentemente artesanal, lo que lo constituye en el más importante tomador de mano de obra privado. El atraso en la remisión de los fondos, no sólo provocó la ruptura de la cadena de pagos de todos aquellos que dependen directa o indirectamente de la actividad tabacalera, sino, y lo mas grave, que imposibilita el inicio de la nueva campaña en términos normales, lo que traería aparejada daños y perjuicios irreversibles.

Las últimas horas depararon noticias alentadoras para los tabacaleros, que no representan solución de fondo a sus problemas, pero llegan como bocanadas de oxígeno en medio de un picado mar. La participación oportuna de Eduardo Fellner ante autoridades nacionales, aparece como un horizonte de esperanzas para los productores a pesar de la tormenta. Prueba de ello es que el pasado jueves se destrabó parte de los recursos retenidos.

“Esta es nuestra realidad, pero entendemos que de esta situación se sale con planificación, con mucho trabajo, con la unión de todas las partes, firmeza en las convicciones y buscando aliados para lograr lo más rápido posible soluciones concretas para el productor”, reflexionó Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, al resumir con precisión quirúrgica el rumbo que debe adoptar este sector con el acompañamiento del gobierno.

La mediación de Fellner abre un camino de trabajo entre la Secretaría Agricultura de la Nación y Jujuy, como provincia líder en la lucha por el FET.

PARTICIPACION EFECTIVA

Con casi tres décadas transitando el camino de la libertad de expresión, del libre pensamiento y de plena vigencia de las garantías constitucionales, es tiempo de cultivar los espacios de participación efectiva que permita construir un estadio de institucionalidad democrática que se nutra de más democracia.

La joven democracia argentina lleva sobre sus espaldas una nueva demanda de la sociedad, que es propiciar una mayor y efectiva participación ciudadana y en ámbitos parlamentarios locales el requerimiento está siendo asimilado. El guante fue levantado por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy que, desde el inicio de la gestión de Carlos Sadir, ofrece sobradas muestras de haber entendido la fórmula para dar respuestas a la comunidad, apoyándose en los más valiosos pilares de la democracia: Abrir las puertas a la participación, escuchar a las mayorías y, muy especialmente, incluir y contener a las voces minoritarias.

Cuando todavía no se silenciaron los ecos de la audiencia pública por el emplazamiento del futuro Monumento al Bicentenario del Exodo Jujeño, este saludable modelo de conducción del parlamento capitalino ya está germinando una nueva convocatoria a opinar, a debatir, a expresarse con libertad, a buscar coincidencias, a construir desde el disenso, en este caso para perfilar una definición del uso del espacio público, en particular de un sitio de los más tradicionales en nuestra ciudad.

La democracia por si misma no podrá satisfacer las naturales expectativas que en este sistema se depositan, de allí la clara necesidad de que la ciudadanía asuma un mayor grado de responsabilidad y sepa llevar al campo de los hechos, obviamente siguiendo los canales institucionales vigentes, el concepto de la participación.

Es que la participación trasciende largamente el deber básico de emitir el sufragio para definir a gobernantes y parlamentarios. La participación ciudadana encierra una multiplicidad de acciones y prácticas volcadas a contribuir a un mejor funcionamiento del sistema democrático y al resguardo y reconocimiento del interés público. Para la gente, representa la gran oportunidad de ser parte activa del proceso de fortalecimiento de los derechos humanos. Para sus representantes, la posibilidad de legitimizar las facultades obtenidas a través de un consenso social.

En la conciencia de todos y cada uno de los actores del entramado social, se acuna el compromiso de ser verdaderos artífices de mejores condiciones de vida y de legar a las próximas generaciones un escenario institucional de sólidos cimientos.