El proyecto establece un plazo de 60 días para que los propietarios regularicen voluntariamente las inscripciones registrales de los vehículos patentados en otras jurisdicciones. La norma aprobada además condona las deudas tributarias vencidas hasta el momento de la inscripción, sus intereses y multas y también exceptúa del pago a los que tengan acciones judiciales en curso por ese motivo.

Para tener una noción del porcentaje de automóviles entrerrianos registrados en Corrientes, semanas atrás se conoció la anécdota del intendente de Chajarí (localidad del norte entrerriano) que se reunió con 20 vecinos que reclamaban el asfaltado de una cuadra y, al consultar sobre la situación de los autos, se comprobó que 16 de ellos tenían radicados sus autos en la vecina provincia de Corrientes. Casos parecidos se denunciaron también en otros puntos de la provincia Concordia, Federal, Federación, Feliciano y La Paz.

Cabe además remarcar el perjuicio económico que representa esta situación irregular para Entre Ríos, ya que de lo recaudado por el impuesto automotor, el 40% va a las arcas de la provincia y el 60% restante a los municipios.