Según escribe Horacio Verbitsky hoy en Página/12, "todavía no se han definido todas las medidas que vendrán, pero la articulación entre el Estado federal y las provincias petroleras para forzar a YPF a cumplir con sus compromisos o perder las concesiones implica una novedad absoluta. ¿Cuánto caerá la capitalización de Repsol en pocas semanas, cuando las provincias comiencen a recuperar las áreas descuidadas y a ponerlas en producción con otros operadores, públicos, privados o mixtos?", en un artículo en el que además sostiene que "la opción menos atractiva parece la nacionalización de YPF propuesta por la UCR, un partido que cuenta con algunos abogados de empresas extranjeras como la propia YPF, Shell y Esso, y que tiene alguna experiencia en el pago de indemnizaciones por medidas de este tipo".

En cambio, "la reversión a las provincias de las áreas concedidas, la expropiación de las maquinarias por razones de utilidad pública o la compra de la mayoría accionaria en el mercado una vez que su capitalización se haya redimensionado serían caminos más racionales y a la altura de las posibilidades argentinas", asegura el periodista.

La compra de acciones de YPF, si es que el Estado Provincial ingresa en ese juego, podría abrir la puerta a un negocio singular: la de que "la gente" ponga la plata y después el Gobierno se asocie con empresas privadas que, sin invertir un peso, se queden con el negocio de la explotación de las concesiones que hasta hoy opera la ex-petrolera estatal.