Tras la derogación de la ley de tierras fiscales, el Poder Ejecutivo comenzó una nueva la labor para establecer un marco legal sobre esas tierras. En este sentido, el fiscal del Estado, Julio Rodríguez Signes, mantuvo ayer un encuentro con diputados de los diferentes bloques con quienes se coincidió en la necesidad de establecer un encuadre normativo que contenga las irregularidades que se presentan en las tierras del Delta entrerriano. También se definió generar los títulos de propiedad, a favor de la provincia, de las hectáreas que posee el Estado en los departamentos Victoria y Gualeguay.

La información brindada por el fiscal y sus colaboradores fue bien valorada por los diputados presentes, quienes, a partir de datos precisos, tomaron dimensión de la problemática y coincidieron en la necesidad de avanzar rápidamente en soluciones.

“No podemos abandonar este tema y entrar en la inacción porque se han perdido alrededor de 200.000 hectáreas del Estado entrerriano por las malas políticas que hubo durante años”, remarcó Rodríguez Signes apenas terminada la reunión.

Explicó que, además del entendimiento al que se arribó con los diputados para buscar una solución, se definió crear los títulos de propiedad a través de la Escribanía Mayor de Gobierno que reafirmen la potestad del Estado sobre las más de 170.000 hectáreas ubicadas en la zona de islas, de un total de un millón que existen en la zona.

“Hoy (por ayer) tuvimos una reunión de trabajo, con documentos en la mano, no una reunión de consignas ni de opiniones al aire, y con un excelente nivel de discusión y de diálogo. Cuando hablamos de las islas estamos hablando de lotes fiscales en todo el Delta entrerriano y con distintas situaciones jurídicas. Nos han despojado durante 50 ó 100 años y tenemos que darle solución a eso”, remarcó el fiscal.

Detalló que hay lotes que son enteramente privados, otros que eran del Estado y fueron mal vendidos, algunos que están intrusados y otros que el Estado administra a través de Ministerio de la Producción. “Hubo cuestiones, como la idea de producir arroz en el Delta, que fueron mal cuestionadas, en algunos casos por falta de información y en otros por mala intención política”, dijo el fiscal al hacer referencia a la derogación de la ley.

“La Legislatura, a través de una iniciativa del gobernador, decidió volver atrás con la ley y ahora nos ponemos de cero con este tema. Pero no renunciamos a la búsqueda de una solución y seguimos trabajando a pesar de la derogación. A partir de ahora tenemos que discutir qué hacemos en el Delta, qué producimos, cómo lo producimos y con quién los producimos. Yo entiendo que tenemos que hacerlo con productores entrerrianos y con nuestros productos porque no puede ser que haya un millón de hectáreas exclusivamente para ganadería”, aseguró Rodríguez Signes.