La estatización de YPF, en el corto plazo, deja para el gobierno más ventajas que desventajas desde el punto de vista político. Tras días en los cuales el caso Boudou, problemas en la justicia como la renuncia del Procurador, dificultades en el Senado para lograr el acuerdo para su sucesor, conflictos con los gobernadores por YPF y presiones internacionales por la misma causa habían puesto límites a su poder, el gobierno retomó la iniciativa. En los sondeos del oficialismo la medida tiene el apoyo de tres de cada cuatro, y en los independientes de tres de cada cinco; la oposición vuelve a aparecer dividida y cuatro de cada cinco legisladores nacionales votarán a favor, al incluir una parte de la oposición; la casi totalidad del empresariado apoyó la medida o se mantuvo en silencio con escasas excepciones (AEA y ACDE) y los temas que presionaban al gobierno días atrás ahora pasaron a un segundo plano. Desde el punto de vista conceptual, esta estatización es una manifestación de la profundización del modelo planteada en forma reiterada por Cristina Kirchner durante 2011, que implica ponerle más estado al capitalismo y con la política de darle al nacionalismo mayor énfasis como valor, desarrollada a través del impulso al reclamo por Malvinas, la restricción a las importaciones y la estatización o nacionalización de empresas. El próximo viernes 27 los sectores del Cristinismo, encabezados por La Cámpora, realizarán un acto en el estadio de Vélez Sarsfield al que asistiría la Presidenta, reuniendo decenas de miles de simpatizantes y mostrando a sus adversarios internos -como Moyano y Scioli- que el oficialismo tiene poder de movilización en la calle.

Pero en lo económico, tanto la decisión como su forma generan incertidumbre y ella no sólo opera sobre los inversores, sino también con los argentinos, en momentos que se desacelera la economía. En las próximas semanas, la política abierta con YPF se va profundizar. El gobierno puede plantear que la indemnización a Repsol es igual a cero por su falta de cumplimiento de diversas normas; un sindicalista aliado al oficialismo (Lescano) anticipó que también podrían ser expropiadas empresas del sector eléctrico; otro sindicalista opositor, que es diputado nacional (Roberti), propuso expropiar los bancos españoles en la Argentina, acusándolos de haber financiado la salida de ganancias de Repsol; en fuentes parlamentarias se dijo que próximamente sería enviado el proyecto de expropiación de Metrogas, cuya propiedad es compartida por YPF y British Gas; el organismo estatal que regula la comunicación audiovisual (ASFCA) analiza adoptar medidas contra las empresas españolas del sector: los nueve canales de Telefónica -que incluyen a Telefé- y las emisoras del grupo Prisa, entre las cuales está radio Continental. Estas acciones podrán o no ser adoptadas, pero muestran el camino que va a profundizar el oficialismo en las próximas semanas, mientras busca mostrar que rápidamente conseguirá inversores extranjeros para financiar la exploración y explotación de energía, cuyo déficit es creciente. Esta estatización también confirmó que la conducción económica del gobierno está en manos del viceministro de Economía (Kicillof), sin duda la persona que expresa en forma más acabada el pensamiento de la Presidenta en este momento.

En el plano internacional, la Argentina ha recibido más críticas y reparos que apoyos, más allá de que resulta difícil que se adopten medidas concretas en su contra. La crítica ha sido unánime y homogénea en el mundo occidental (EE.UU. y Unión Europea) y en los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial). Pero es en la región donde la toma de posición de los gobiernos muestra el sesgo ideológico que va adquiriendo en ella Argentina. Las críticas provinieron de los tres gobiernos de centro-derecha: México, Colombia y Chile. Los apoyos más manifiestos y entusiastas de Venezuela y Cuba. Uruguay por su parte criticó la reacción europea. Brasil adoptó una actitud neutral. El problema es que esta estatización aproxima la imagen externa argentina a los dos países sudamericanos que expropiaron empresas de energía -Venezuela y Bolivia-, los que en 2012 están sufriendo las dificultades generadas en el mediano plazo por medidas similares adoptadas años atrás. Frente a esta situación, el gobierno argentino reacciona convocando a dialogar a empresas extranjeras del sector petrolero y profundizando el reclamo de Malvinas, habiendo logrado la semana pasada el apoyo de los países en desarrollo reunidos en el G77, que ahora incluye también a China. La política que se está desarrollando desde Londres y Madrid para excluir a la Argentina del G20 tiene pocas posibilidades de concretarse. Pero aumentan las críticas a las restricciones comerciales. La organización no gubernamental Global Trade Alert informó que en las últimas doce semanas Argentina fue el país del mundo que más medidas proteccionistas adoptó, llegando a diez.

Sin oposición política articulada, la lucha política del gobierno se centra en lo que denomina corporaciones. Considera una de ellas a la Iglesia Católica, cuyo plenario integrado por un centenar de obispos se reúne esta semana (lo hace sólo dos veces por año). En esta oportunidad emitiría un documento crítico sobre aspectos del proyecto de reforma del Código Civil. Otra es el sindicalismo -y en esto el Cristinismo se diferencia claramente del Kirchnerismo-, donde el oficialismo impulsa un frente para impedir que Moyano sea reelecto al frente de la CGT. El dirigente camionero ha convocado un acto de la rama recolectores de basura de su gremio, que reunirá decenas de miles de afiliados en el Parque Roca para medir fuerzas con el que presidirá Cristina al día siguiente. El sector empresario es considerado otra corpo -en el lenguaje de La Cámpora- y las nuevas estatizaciones que se debaten dentro del gobierno apuntan en su intención a quebrar el poder de los grandes grupos empresarios. La investigación sobre la actuación del empresariado durante el gobierno militar, jugarán un rol en este conflicto. El Grupo Clarín es considerado la expresión corporativa más relevante por el gobierno, que constantemente la ubica como su principal enemigo político, tanto en el discurso como en los hechos. La afirmación de un juez de la Corte (Zaffaroni), de que este año el tribunal se expedirá sobre el artículo de la ley de medios que dispone vender emisoras de los multimedios este año, marca la intención del oficialismo en este punto.

En conclusión: la estatización de YPF permitió al gobierno recuperar la iniciativa política, adoptando una medida que tiene apoyo en la opinión pública y en sectores de la oposición; en lo económico el gobierno va a profundizar las estatizaciones, mientras busca mostrar que ello no genera daño para las inversiones convocando a petroleras extranjeras; internacionalmente, la medida ha recibido el cuestionamiento unánime en el mundo occidental y críticas y apoyos en la región, que aproximan la imagen de Argentina a la de Venezuela y con la oposición desarticulada, las corporaciones (Iglesia Católica, el sindicalismo de Moyano, los grandes grupos empresarios y los multimedios privados) son considerados su enemigo principal.