Se trata de la suma del personal efectivo y contratado por la petrolera. Jorge Córdova, del SUPE, señaló que una estatización de la empresa puede producir pérdidas de puestos de trabajo.
Jorge Córdova, secretario provincial del SUPE, uno de los gremios que representa a los empleados petroleros, admitió el estado de "incertidumbre" en el sector.
"Hay temor porque en un proceso de estatización se pueden perder puestos de trabajo", afirmó Córdova, y advirtió que todos los gremios del petróleo, incluso aquellos que representan al personal jerárquico, están en guardia y muy unidos para tomar medidas de fuerza en conjunto si hay despidos.
Y la principal medida a tomar en caso de despidos no sería otra que un agravamiento del problema que todos intentan combatir. "Si echan gente, nosotros desde adentro podemos disminuir la producción de combustible", señaló el gremialista.
Muchos empleados. Sólo en la destilería de Luján de Cuyo hay cerca de 1.800 empleados, entre efectivos y contratados. Y una cifra casi igual duplica el movimiento de trabajadores en el predio: se trata de los cientos de personas que hoy están trabajando en la ampliación de la destilería.
Las cifras globales de empleo sin duda deben representar una preocupación en tiempos donde el trabajo no abunda demasiado. Los empleados directos de YPF superan la cifra de 3.000, según el conteo del SUPE. Pero cerca de 5.000 más trabajan para alguna de las empresas contratistas que prestan servicios para la petrolera que hoy está en manos de empresarios españoles.
Sólo el SUPE controla un total de 27 convenios colectivos entre trabajadores e YPF. Se trata de ex empleados de la etapa estatal que siguieron ligados a la petrolera después de su privatización, pero como personal tercerizado.
Por otro lado están el sindicato del personal petrolero privado que maneja el diputado nacional kirchnerista Dante González y el que asiste al personal directivo. Según Córdova, todos están atentos al futuro de las fuentes de trabajo y dispuestos a cortar más la disponibilidad de combustible, en caso de ser necesario.
Los montos de los sueldos en peligro son muy diversos: desde los 3.500 pesos a los 15.000 pesos que llegan a cobrar aquellos que trabajan en los yacimientos. El trabajo petrolero en el campo es muy riguroso y supone alejarse de las familias durante semanas, por lo cual prodiga mejores salarios.
Los gremialistas del sector no perciben un riesgo inmediato. Para ellos, todavía falta tiempo para que la pelea por el control de YPF se termine de definir. Y el dato positivo es que, a pesar de que varias áreas fueron expropiadas por el Estado en distintas provincias, ningún empleado de YPF se ha quedado en la calle.
Hoy la incertidumbre más grande la tienen entre 20 y 30 personas que trabajan en los pozos de Cerro Mollar y Ceferino, en Rivadavia y Malargüe respectivamente. Ambos yacimientos de producción menor deberán ser entregados por YPF al Estado provincial en menos de 60 días, pero todavía no hay ninguna certeza de cómo serán operados en el futuro para seguir funcionando y que los puestos no se pierdan.
Reuniones. El gobernador Pérez, el diputado González y varios funcionarios estuvieron reunidos este lunes en la Casa de Gobierno con autoridades de la Cámara mendocina de empresas de servicios petroleros, que representa a parte de las pymes del petróleo en la provincia. Los directivos de pymes señalaron antes de la reunión que están entusiasmados con las medidas de Pérez para mejorar la producción de combustible, aunque todo indica que discutir estos asuntos a nivel provincial queda corto: el futuro de YPF, los empresarios y los trabajadores inclusive están atados a una decisión de la Casa Rosada que por ahora se desconoce.
"A nosotros lo que nos preocupa es que no nos consultan y que hacen falta muchas inversiones para hacerse cargo de YPF. En este sentido, creemos que esta semana va a ser importante, pero no definitiva", esbozó Córdova, respecto de la nueva visita del presidente español de la empresa, Antonio Bruffau, y los rumores sobre un anuncio presidencial que sería inminente.
Pero para los gremialistas, lo más probable, antes o después, es el retorno de la petrolera al Estado: "Suponemos que habrá un decreto o un proyecto de ley sobre YPF, pero todavía falta que corra mucha agua bajo el río. Entre otras cosas, tienen que decir si darán participación a los trabajadores", concluyó Córdova.
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