En la provincia se está evaluando la manera de adherir al fallo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la interpretación del artículo 86 del Código Penal, donde se fija que en caso de embarazo por violación la mujer tiene derecho a solicitar la interrupción de la gestación dentro del sistema de salud. La adhesión a la medida podría plasmarse vía resolución, decreto o mediante una ley.

Mientras tanto, lo que hay es un consenso interno en el seno de las instituciones de salud de respetar el fallo, esto es, atender las solicitudes de aborto cuando estas estén enmarcadas en la ley.

En tanto, desde el Programa Nacional de Salud Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, se emitió una comunicación a los efectores de salud de todas las provincias con el fin de instruirlos para que cumplan lo que establece el fallo o elaboren un protocolo local enmarcado en la guía nacional de atención de abortos no punibles adecuándolo a las características de la comunidad local, acto que acaba de cumplimentar Córdoba que recientemente redactó su protocolo local.

Expectativa. Hoy por hoy, hay provincias que tienen una ley similar al protocolo nacional, otras tienen resoluciones ministeriales para regular sin problemas el acceso de una mujer a un aborto cuando es legal según el artículo 86 del Código Penal. Luego, algunas provincias que no tienen resolución ni ley se guían por este protocolo y también hubo algunos avances en la atención sin necesidad de judicializar los casos. No así en Entre Ríos, donde este año se conoció el caso de una niña de 11 años violada a quienes los efectores de salud se negaron a realizarle la intervención y se judicializó la situación.

Ahora, tras el fallo de la Corte, el Conders está aguardando un pronunciamiento oficial del Estado provincial. Al respecto, Carolina Comaleras, miembro del Conders, dijo que “no hay ninguna novedad en relación con eso” pese a lo cual “de presentarse un caso como el que plantea fallo de la Corte, los efectores de salud deben atenerse a lo que esta planteado en el protocolo de atención del aborto no punible”.

“La provincia no se ha expedido ni en relación con la adhesión a ese protocolo ni ha elaborado un protocolo propio. Estamos esperando qué decisión se tomará con respecto a ese tema”, dijo Comaleras. Por otra parte, consultada acerca de la actuación de los hospitales públicos ante una solicitud de aborto no punible, señaló que, por ejemplo, las autoridades del Hospital San Roque han expresado que se trabaja con lo que establece la ley. “No tiene por qué tomar estado público”, consideró.

Sin barreras

En cuanto a cómo se instrumentará el fallo de la Corte en cada jurisdicción, Carolina Coraleras, integrante de Conders, explicó que “cada provincia, interpretará las disposiciones de acuerdo con las condiciones de trabajo y los recursos con lo que cuenta para dar respuesta”. Entiende que los Estados provinciales determinan “cómo manejarse pero los protocolos locales no pueden nunca agregar obstáculos al cumplimiento de la ley”. “No se puede hacer un protocolo que exija una denuncia por violación para practicar el aborto: no hace falta la denuncia, alcanza con declaración jurada. Para la mujer la denuncia es una barrera, muchas mujeres que son violadas ámbito intrafamiliar no hacen denuncia. Entonces, si esa mujer ha quedado embarazada producto de una violación y el aborto es no punible, el médico deberá aceptar la versión de la mujer, hacer de puño y letra la declaración jurada para que quede una constancia clínica, y proceder a la interrupción del embarazo”. Y frente a las objeciones que se han puesto, consideró que “si la mujer miente, la responsabilidad es de la mujer, no es el médico el que tienen que ponerse a evaluar si está mintiendo o no. La denuncia policial es una barrera y va en contra de lo que dice la ley”, finalizó Comaleras.

Afiches

En los últimos días aparecieron en la vía pública unos afiches pidiendo castigo para el violador. “En esos afiches se pide cárcel para el violador, pero el fallo de la Corte no dice en ningún momento que no se tiene que juzgar al violador; es totalmente independiente una cosa y la otra”, señaló Mara Luján, del Conders.