El Centro de Educación al Consumidor (CEC) y la Unión de Consumidores de Argentina (U.C.A.) son las entidades que decidieron golpear las puertas de Tribunales para destrabar el conflicto en que se ven envueltos los usuarios desde el jueves pasado, cuando el Gobierno decidió quitar la licencia para operar a la empresa Cablevisión. Otra presentación judicial será la del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien presentará –mañana– un amparo colectivo ante el fuero federal competente, contra la resolución oficia. “Porqu e viola mi derecho de usuario y consumidor, mi libertad de expresión y mi derecho a la intimidad”, entre otras cosas contó sobre las razones que lo motivan a recurrir a la Justicia. Gil Domínguez explicó que la Corte Suprema “permite que un afectado pueda presentar un amparo en forma personal a partir del caso Halabi que contempla los derechos “homogéneos”, explicó. Se trata de un fallo que, hace dos años, favoreció a un abogado (Ernesto Halabi) quien promovió un amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de una ley que autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet.

Mientras tanto, mañana, unas 20 asociaciones de consumidores se van a reunir con el titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, quien intentará explicarles la decisión del Estado de declarar la caducidad de la licencia Fibertel. Después de varias idas y vueltas, ya que las entidades no habían recibido en principio, la comunicación formal, la reunión se realizará a las 16.30.

Otras asociaciones de consumidores consideran que es prematuro iniciar una demanda judicial. Pero coinciden en que “es imperioso preservar los derechos mínimos de los usuarios ” –como por ejemplo el uso de la casilla de correo que depende de los servidores de Fibertel– mientras se dirime en la Justicia la disputa entre el Gobierno y la empresa proveedora del servicio, explicó Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Con una visión similar, el ex diputado Héctor Polino, de Consumidores Libres, advirtió que “los usuarios no deben tomar decisiones apresuradas.

Porque, entre otros razones, si Fibertel apela la medida, ya no correría el plazo de 90 días para cambiar de proveedor”, razonó. En cambio desde el CEC, Susana Andrada tomó la decisión de presentar un amparo por el tema y también va a poner el formulario en la página Web de la entidad para que, quienes decidan iniciar la demanda en forma personal también puedan hacerlo. “Nos preocupa que se genere un oligopolio entre las dos telefónicas que quedan para prestar el servicio, las zonas aisladas donde muchos usuarios van a quedarse sin cobertura porque no son provistas por las cooperativas”, comentó Andrada, entre otros puntos.

Desde la otra entidad de usuarios que hará la presentación judicial, su titular, Fernando Blanco Muiño explicó que los móviles de la presentación son “la arbitrariedad con que el Gobierno tomó la medida, su falta de justificación y su desmesura”, advirtió