El juez Miguel Ángel Moreno podría revocar, la semana que viene, la eximición de prisión que había concedido al gerente general del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse).

La medida tiene directa relación con el incumplimiento de cubrir la fianza real de $ 200.000 que había fijado el magistrado para que se le otorgara el beneficio solicitado oportunamente.

Según se supo, se habían presentado dos automotores como para garantizar la caución requerida por la Justicia.

Uno de ellos sí fue inscripto pero no había podido hacerse lo mismo con el otro por diferentes razones, como por ejemplo, no estaba en el Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación el expediente principal cuando concurrió personal del Registro de la Propiedad Automotor para cumplimentar ese trámite.

Como transcurrió un tiempo más que prudencial para que se lo terminara, según interpretó el magistrado, está dispuesto a revocar la eximición si el lunes no se finalizara la inscripción del segundo rodado como parte de la fianza real, confiaron calificadas fuentes.

Cabe recordar que Acosta es el segundo imputado que tiene la investigación por el presunto desfalco en perjuicio de la institución.

El primero fue el ex responsable del área contable, financiera y administrativa, Antonio Martín.

A ambos, el juez Moreno les imputó el presunto delito de defraudación calificada reiterada.

Situación de Rezola

Por otra parte, el titular del Juzgado del Crimen de Cuarta Nominación aguarda que las autoridades del Isspse le remitan el contrato laboral que había celebrado en su momento con el auditor externo, Luis Rezola.

En dicho contrato deben establecerse las condiciones y atribuciones que tenía el profesional, así como también las atribuciones y responsabilidades que le eran propias de su función.

Para Moreno es de vital importancia contar con ese documento porque le permitiría establecer hasta dónde el contador auditor cumplió o no su tarea de contralor de los movimientos financieros y contables de la institución.

A partir de tener en claro estos puntos, podrá pronunciarse sobre el pedido de imputación contra Rezola que efectuó, poco después de que finalizara la feria judicial de invierno, el fiscal Ramón Alfonzo.

Para dicho funcionario, existió un supuesto incumplimiento en la labor del auditor externo y por esa razón consideró que debía ser acusado.

Como el dictamen no es vinculante, recordaron fuentes tribunalicias, el juez puede aceptar lo que propuso el fiscal o desestimar el planteo.

A principios de este año, Rezola confeccionó un informe para la comisión directiva del Isspse en la que daba cuenta de una serie de irregularidades en la gestión del CPN Martín.

Por esa razón, en febrero de último, las autoridades decidieron hacer la denuncia penal contra el renunciante empleado y constituirse en querellante particular.

Otra de las novedades de esta semana fue que el abogado que llevaba adelante la querella, Julio Víctor Navarro, renunció a seguir con esa misión.