Pendiente de cumplimiento desde hace más de 10 años, ya que es mandato de la Carta Orgánica Municipal modificada en 1999, los tres proyectos de creación del ente cumplieron ayer un año de presentados. Los acuerdos y discrepancias en el articulado de la norma que le dé luz verde, continúan siendo los mismos que los que se registraban en los primeros plenarios alusivos, y los concejales tampoco concluyen la ronda consultiva a vecinales, que agrupándolas de a ocho había comenzado a finales de 2009.

LOS CONSENSOS

Mientras que en la sesión del 7 de mayo de 2009 se esperaba el ingreso de un proyecto de ente de control, para sorpresa general fueron tres. El primero de ellos proveniente del bloque radical, que había anticipado al periodismo su presentación en la víspera de aquella reunión ordinaria. El segundo, rubricado por Luis Zaffaroni (PJ), que meses antes había iniciado el proceso de redacción, y el tercero fue firmado por los también justicialistas Viviana Navarro y Gustavo Reyes, conteniendo letra muy similar al anterior, aunque quitaba de la misma un componente de regulación previsto.

Ni bien se realizó el primer plenario, se llegó a la conclusión de que los servicios a controlar serían: la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización e agua potable; el tratamiento, disposición y transformación de líquidos cloacales y efluentes industriales; la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica; la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, biopatogénicos y el barrido y limpieza de la vía pública; el transporte público e pasajeros, la verificación técnica vehicular, y el alumbrado público.

También hubo pleno acuerdo respecto de las atribuciones, funciones y deberes del ente, e incluso sobre la propuesta que contemplaba sólo uno de los proyectos, tendiente a la redacción de un manual de usuarios que contenga las normas reguladoras de la prestación de los servicios, tramites, obligaciones y derechos de las partes, entre otros

LAS DISCREPANCIAS

La principal discrepancia sobre la que el cumplimiento del mandato de la Carta Orgánica sigue dando vueltas en falso no es la cuestión del qué, ni del cómo, sino del quién. Y aquí las posiciones de oficialismo y oposición no logran acercarse.

Justamente es la composición del directorio, es decir, de quien ostente el poder de control, en lo que no hay acuerdos pese a los 365 días e infinidad de reuniones transcurridas. Sucede que mientras los proyectos justicialistas conforman el directorio con tres miembros políticos, e incluyen en el organigrama un brazo técnico y uno de participación ciudadana o "cuerpo consultivo", para la UCR, el directorio debe contar con cinco miembros con un perfil de corte netamente técnico, y designados por concurso.

Dado que las funciones del directorio también están definidas desde las primeras horas del tratamiento parlamentario, y teniendo en cuenta que se esperaba su sanción a los 90 días de presentados los proyectos –fecha que varió al mes de noviembre de 2009 "para quitar cualquier tinte político", considerando las elecciones del mes de junio– quizá el cuerpo de representantes logre, aunque sea con un año de demora, cumplir con el plazo autoimpuesto para que la ciudad cuente con el organismo de control.