La ordenanza 3953/11 había dispuesto la subasta de los terrenos. En recurso de amparo presentado por la ONG ambientalista, se solicitaba el retiro de la venta en pública de esos lotes, y se exigía que se realicen obras de mantenimiento de aquel espacio público: pintura, reparación y reposición de los juegos existentes.

Según la presentación que hizo Nuevo Ambiente ante la Justicia, las plazas y espacios públicos recreativos que allí funcionan datan de hace aproximadamente 35 años, cuando el Municipio instaló diversos juegos para el disfrute de la comunidad. “A pesar del estado de deterioro en que se encuentra, continúa siendo un lugar de juego y de reunión para niños y familias”, advirtieron.

El Juez, atento a estas circunstancias, dictó la medida precautelar y suspendió la ejecución del acto cuestionado, reparando en el artículo 60º de la Ley de Ordenamiento Territorial que establece que “por ninguna razón podrá modificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas, pues constituyen bienes del dominio público del Estado”.