"La Justicia debe ser independiente, pero no en abstracto sino en concreto. Es la única que puede definir si alguien debe o no ser procesado; si un funcionario debe ir a la cárcel o si corresponde una calificación delictual por un desvío de fondos", aseveró enfáticamente Leandro Despouy.

El ex relator de las Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial y del Ejercicio de la Abogacía estuvo ayer en Tucumán para presentar un libro sobre los estándares internacionales en este tema, luego de una ardua labor internacional desarrollada en su defensa. Ella lo trajo a la provincia varias veces desde 2006, por los fuertes enfrentamientos entre el Colegio de Abogados y el Poder Ejecutivo.

Despouy es el titular de la Auditoría General de la Nación (Ver "El control cuidadoso..."), aunque su visita se centró en la independencia judicial. "El que es elegido juez debe saber que está en condiciones de serlo y que no le debe el cargo a una trampa ni a una influencia política. Es muy importante para un magistrado independiente ser consciente de que es el fruto de un proceso en el que se evaluó su capacidad y sus antecedentes", destacó durante su diálogo con LA GACETA.

- ¿Cómo evalúa los cambios institucionales en Tucumán?

- No tengo los elementos suficientes para evaluarlos, lo haré luego. Pero se detuvo el riesgo de que se ejecuten determinadas acciones que eran violatorias de los estándares internacionales. Espero que hayan sido conjuradas definitivamente y que no aparezcan nuevas.

- ¿Cuál es su opinión sobre el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) provincial?

- Hay un esfuerzo interesante de equilibrio en la integración y en el funcionamiento del CAM, que es un ensayo alentador para la selección de los jueces y que podría ser tomado como ejemplo en los cambios que se impulsan en el ámbito nacional. Es importante que se respeten las decisiones que surjan de los esquemas democráticos.

- ¿La reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación es una prioridad?

- Hay numerosos proyectos que tienden a reformular su composición, porque los cambios que se introdujeron hace pocos años implicaron una politización del cuerpo con la presencia excesiva de esos sectores, en especial por el oficialismo. Esto generó una marcada distonía en su seno que hoy se pretende conjurar; pero también hay disfunciones en su funcionamiento, en lo reglamentario y en lo metodológico.

- ¿Le aflige la marcha de los concursos nacionales para cubrir vacantes?

- Hubo situaciones muy anómalas que desvirtuaron su naturaleza. No hubo desviaciones espontáneas sino que tenían un origen determinado a favor de ciertos postulantes. El altísimo nivel de politización provocó muchas dificultades tanto para el nombramiento como para la destitución de los magistrados, porque cuando un sector tiene la mayoría para hacerlo, cada juez tiene la conciencia de que debe fallar en determinado sentido para no entrar en desgracia.

- ¿Las pautas internacionales sobre la independencia son aplicables automáticamente en el país?

- Los estándares internacionales pudieron ser beneficiosamente aplicados en situaciones concretas de crisis, como ocurrió en Tucumán. Hay un resguardo que se potencia en términos de retroalimentación con normas locales. Se los usa en forma despolitizada para evitar o conjurar desviaciones, como resultante de una construcción legal en términos correctivos y positivos.

- ¿Qué importancia tiene el control de la ciudadanía sobre el Poder Judicial?

- La presencia y participación de la sociedad civil impide la extorsión y los manejos. Hay veces que cae la protección que puede existir de sectores con poder a ciertos jueces cuando se confronta con la censura pública. Es importante que acontezca con quienes son operadores políticos, tanto como que los sistemas jurídicos resguarden y custodien a los magistrados que tienen la determinación de juzgar la corrupción en el Estado.