En ese contexto calificó de "personaje" a Omar Lara, el docente que lo denunció; aseguró que la ex jefa de la División Patrimonial del Tribunal de Cuentas, María Irene Giusti, "extravió, ocultó o hurtó la declaración jurada de 1993" que aclaraba él no tenía 110 millones de pesos en acciones bursátiles; e ironizó al decir que la investigación penal original, a cargo del juez Jorge Luis Howe, fue "fantástica".

La semana pasada Alvarez fue procesado por enriquecimiento ilícito, durante su paso por la administración pública provincial, ya que Ralli consideró que no justificó un incremento patrimomial de 1.854.659,16 pesos a valores actuales. La investigación abarcó el período que fue del 31 de diciembre de 1991 al 31 de agosto de 2004. El enriquecimiento equivale al 66,10 por ciento del patrimonio que el imputado tenía en ésta última fecha.

¿Qué más dijo Patucho ante el juez? A continuación sus palabras textuales:

* En primer término quería hacer mención a que esta investigación iniciada en 2004 tiene otros antecedentes y que su origen es 1998, cuando por primera vez aparece este personaje Lara, que con una profusión mediática fantástica hace una denuncia que parcialmente después reitera donde desde el gobierno provincia.

* Siento por primera vez tranquilidad en esta causa, no sólo porque estoy siendo escuchado sin ser condenado previamente, sino porque los elementos que vamos a aportar, muchos de los cuales ya están en el juzgado, reafirman innumerables comunicaciones o expresiones mediáticas en diarios y radios, que desmienten absolutamente la perversidad con que funcionarios dijeron que yo tenía 110 millones de pesos y 7.500 vacas

* El Tribunal de Cuentas me reprochó que nunca lo notifiqué de mi ingreso a mi actividad ganadera, pero en ese momento no era funcionario público y no tenía porqué hacerlo. Respecto a su denuncia nadie sabe cómo empezó, porque en 2004 aparecieron dudas sobre declaraciones juradas de 1983, o sea que durante 19 años estuvieron mis declaraciones juradas y nunca nadie advirtió nada; y así como yo tenía la obligación de presentarlas, se supone que alguien las controlaba en tiempo y forma.

* Hay un informe de la contadora (Gladys) Rapanelli diciendo que había algunas inconsistencias, y me achaca desprolijidades en mi letra, pero finalmente afirma que no hay elementos sustanciales. Sorprendentemente, en un raro afán investigativo, la doctora Giusti me intimó a que en el plazo de 72 horas revise todas mis presentaciones desde 1983 (NdeR: puso como ejemplo que se ingresó el valor total de un Renault 9 cuando en una declaración jurada ya había declarado que poseía un Renault 12).

Los famosos 110 millones.

* No tuve ni tengo 110 millones de pesos de la actual moneda. En la fecha en la cual se hace referencia (a esa suma), significaba más o menos un tercio del presupuesto provincial. También es obvio que no tuve nunca 7.500 cabezas de ganado. El TdeC dijo que el control extrínsico que ha realizado no permite tener mucha claridad al respecto, pero obvia tener en cuenta lo que dice la AFIP, que controla patrimonios, impuestos, compras y ventas.

* Reitero lo de 110 millones de pesos (por acciones compradas en 1991), porque el Tribunal de Cuentas, precisamente Giusti, extravió, ocultó o hurtó la declaración jurada de 1993, que aclaraba eso. Es más grave aún, sin juzgar ninguna intencionalidad, porque todos los argentinos sufrimos un gran impacto y obviamente los contadores tenían que tener en cuenta que se sancionó la Ley de Convertibilidad, con lo cual estamos hablando de 11.000 pesos. Esto fue intentado aclarar, se le pidió al juez Howe, y lo hizo. (En cambio) el presidente del TdeC (Natalio) Peres dijo que la declaración jurada no existía en el tribunal.

* Aclaro que la doctora Giusti nunca reconoció, porque no ordenó ninguna modificación en ese valor de 110 diez millones, con lo cual si me remitiera fríamente a estos datos, he sufrido un empobrecimiento (sic). 110 millones menos 800.000 pesos, nos daría 109.200.000 pesos. Este

es un elemento concreto, que reafirma la persecución política que he sufrido.

* (Con relación a la denuncia penal) se presentó el TdeC a través de Giusti y el fiscal (de Investigaciones Administrativas, Enrique) Romero Oneto hicieron la denuncia penal sin convocarme, seguramente porque ocupaba su tiempo en otros menesteres que son de conocimiento de la sociedad y la justicia.

* Howe inició una investigación fantástica. Digo fantástica por la profusión de pruebas que requirió. A todos los bancos, al Banco Central, a bancos de países vecinos, a la Cancillería, a inmobiliarias del medio, a agencias de viajes, a todos los organismos públicos provinciales y nacionales, a todas las oficinas del Senasa del país, a la provincia de Neuquén porque también tengo el hotel Colonos del Sur en San Martín de Los Andes... De todo eso no surgió nada.

* Si el TdeC me hubiera solicitado información (sobre consumos familiares), los contadores podrían haber tenido información real y efectiva y no practicar estimaciones. Su inacción, que podría parecer favorable a mí, en realidad lo único que hizo fue perjudicarme por no haber hecho lo que le correspondía en el momento oportuno.

* Mis hijos, incluyendo la más chiquita, han concurrido a escuelas públicas. Sólo uno, desde 2004, concurre a la USAL, pero también trabaja. A esto tengo que agregar que no he poseído ni poseo lanchas, coches de carrera, cuatriciclos, caballos de carrera. Mi vida familiar ha sido austera. Mencionan que tengo tarjetas de crédito, pero no que los consumos son absolutamente ínfimos.

* Las operaciones en plazos fijos, acciones y bonos tienen que ser contabilizadas por la documentación que se tiene y por la características de los mismos. Por ejemplo, hay acciones que no modifican su valor pero modifican su cantidad porque pagan dividendos, y hay títulos que aunque mantengan su cotización tienen amortizaciones periódicas, con lo cual el porcentaje del título y su valor varían. Si un título amortiza un cuatro por ciento trimestral, a los tres meses el poseedor del título tiene el 96 por ciento del valor total, a los seis le queda el 92 y así sucesivamente. Por eso es inválido adjudicarles un valor de acuerdo al Mercado de Valores.

* Finalmente quiero decir que varios de los elementos que aporté hablan de la perversidad con que esto ha sido sustanciado por el TdeC, la deserción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y una gran manipulación mediática con fines políticos que hacen que ya esté condenado por la sociedad, a la cual creía haberle dado mucho, y en algunos casos está demostrado.

“Cifras desmesuradas”

Los dichos de Patucho sobre el movimiento personal de hacienda:

* El perito veterinario (Pablo) Vaquero elaboró conclusiones descartables. A manera de mención, dijo que gasté en mano de obra 380.329,70 pesos, cuando nunca tuve un empleado.

* El peritaje oficial menciona un informe emitido por el Senasa de Eduardo Castex y me incorpora al patrimonio un stock de 828 animales, entre los cuales hay 450 vacas y 38 toros. Sin embargo, de una planilla surge un total de 614 animales vacunados, pero sorprendentemente entre ellos no existen 450 vacas ni 38 toros

* De allí en más, en 2002, 2003 y 2004 persiste el aumento indiscriminado de animales sin tener en cuenta ninguna prueba documental (NdeR: según el juez el incremento se detectó en otros informes del Senasa). Sin ninguna documentación, llámese actas de vacunación, guías de traslado o facturas, se incrementa el rodeo en 3800 animales.

* Sintetizando el informe (pericial oficial) de la hacienda, es necesario señalar que existió un marcado divorcio con la realidad documental vigente, especialmente a partir del 31 de diciembre de 2001, con lo cual año a año se aumentó desmesuradamente la cantidad de animales. Los contratos que se estipulan con los establecimientos rurales, salvo cuestiones estacionales, requieren de una autorización para ingresar más hacienda.

* La desmesura en las cifras torna imposible que en ellos se haya más que duplicado el rodeo existente. Es imposible que aparezcan 1.500 animales sin que haya una factura, una guía o una retención de ingresos brutos.

El departamento de Neuquén

Alvarez sostuvo que en los inmuebles “hubo un error” pues dos terrenos fueron mencionados como casas. Con relación a un departamento de Neuquen dijo que en 2001 tenía ahorros en el corralito y que un amigo había sacado un crédito en dólares para comprar un departamento en Buenos Aires. “Le presté el dinero para cancelar la hipoteca y se conformó un documento de retroventa mediante el cual yo me obligaba a devolverle el departamento de Neuquen y mi amigo me lo devolvía mensualmente con un mínimo de interés”. El juez incluyó el inmueble dentro del patrimonio del ex ministro.

“Terrible complicidad judicial”

“La sensación que tengo es de bronca, de frustración. Que haya pasado tanto tiempo y hoy estemos acá discutiendo habla no de una justicia boba sino de un terrible sistema de complicidad judicial con el poder político”. Omar Lara es un docente que en el año 2005 presentó denuncias contra Santiago Alvarez por enriquecimiento ilícito.

Hoy, cuando la justicia confirma que el ex ministro de Bienestar Social tenía en su poder más de 5 mil cabezas de ganado y se lo investiga por un incremento patrimonial superior a 1.800.000 pesos, Lara lamenta que “nada haya cambiado en cuanto a las relaciones entre el poder político y el judicial”.

“Cuando uno ve causas como la del robo a la joyería Bustos, que enseguida se hace el juicio, no se puede sentir otra cosa que frustración, y lleva a uno a preguntarse si vale la pena presentarse con una denuncia. Hoy se están discutiendo montos que son irreales, y con el tiempo todo se va perdiendo y distorsionando de tal manera que cualquier persona con sentido común sabe que nos están mintiendo mientras ellos se han enriquecido descaradamente”, afirmó Lara por Radio Noticias.

El denunciante recordó que en su momento padeció amenazas para su familia y debió circular con custodia, sin embargo, dijo que en el caso de Alvarez “no hay otra forma que el robo” al observar semejante crecimiento patrimonial.

“La sensación de frustración es por lo que debería ser la justicia y no es, y como se manipula a un ciudadano común que no tiene poder económico ni político mientras otros gozan y hacen usufructo de lo que han robado, porque no es otra cosa. Yo he sido funcionario y no hay otra forma que el robo para llegar a ese patrimonio”, afirmó.

Lara expresó que en causas como las mencionadas “lo que está en juego es el valor de la justicia” y el valor de que una persona se anime a denunciar. En tal sentido, recordó que cuando se presentó a denunciar en la causa por las valijas de Skanska, “que involucraba a dos gobernadores”, los fiscales “ponían excusas tontas, se hacían los desatendidos y una fiscal se me puso a llorar y me dijo que era una causa muy pesada, que adónde quería llegar con todo eso. Imagínese si una fiscal se pone a llorar qué queda para los ciudadanos comunes”.

Lara, en tanto, acusó que muchos jueces se jubilaron “a cambio de cajonear causas”. “No sé cuáles son los mecanismo para modificar esto en una provincia tan chica, porque es hasta una cuestión de relaciones sociales, es todo un sistema montado para que pase esto, y aunque hoy vivimos un proceso de cambio político es el poder judicial el que no ha tomado nota de ese cambio”, lamentó.

Lara, finalmente, pidió que el funcionamiento del sistema judicial se discuta ahora, en plena campaña electoral hacia el 23 de octubre. “No hay seguridad jurídica para un ciudadano común, la justicia tiene que equilibrar y no ser la que encubra, porque es una terrible complicidad. Hay que discutir en serio ahora porque eso dará solidez al sistema democrático, y si no lo entendemos así esto se va a seguir repitiendo”, concluyó.