Un «enérgico y total rechazo» generó en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), el proyecto de ley que impulsa el Partido Justicialista en la Legislatura fueguina, proponiendo que los hospitales públicos retomen el cobro de un arancel por la prestación de servicios.

De acuerdo a la nota enviada a la Presidencia de la Legislatura el pasado miércoles, y que firma el titular de dicha entidad, Jorge Yubkowski, «el cobro directo a los ciudadanos con presunta capacidad de pago se ha revelado como un mecanismo limitante del derecho universal a la salud».

En ese sentido, la federación nacional detalló que «esta barrera a la accesibilidad ha funcionado tanto en países pobres como Perú, la India o países africanos como en EE.UU. como un mecanismo que llega a poner en peligro la vida de los pacientes».

«A su vez el impacto del cobro directo como lo demuestran las propias cifras de Tierra del Fuego es marginal en la financiación estatal del gasto», señala la misiva.

Desde la FESPROSA sostienen que «sin oponernos al cobro puertas adentro a terceros pagadores, debemos señalar que la pertenencia o no a una obra social no debe generar mecanismos discriminatorios en la admisión».

Por último, Yubkowski asegura que «la salud universal, gratuita y de calidad fue el sueño de Ramón Carrillo», por lo que planteó la oposición de este gremio a la iniciativa del legislador del Partido Justicialista (PJ) fueguino.

«Hoy no podemos impulsar el arancelamiento traicionando su legado, mucho menos si la iniciativa viene de la misma corriente a la que perteneció el primer Ministro de salud que tuvo nuestro país», concluye la carta.

4 años

La gratuidad de la atención en los hospitales públicos fue establecida en abril de 2008 a través del decreto 616.

Según estimaciones del Gobierno difundidas el año pasado, al cumplirse tres años de la aplicación de ese decreto, el arancelamiento de los servicios representaba un «insignificante impacto económico», al recaudar sólo 40 mil pesos mensuales.

En contraposición, el presupuesto de los hospitales rondaba los 6 millones de pesos, sin incluir la masa salarial de los 800 trabajadores que allí se desempeñan.

Curiosamente, por aquel entonces, el sindicato de la sanidad se oponía a la medida por temor al impacto económico que esta medida tendría en los nosocomios. Incluso, en negociaciones con el Gobierno, proponían distribuir ese monto en salarios.

En Tierra del Fuego, cerca dos tercios de las personas que se atienden en hospitales y centros de salud tienen obra social, mientras que entre un 30 a 35 por ciento de quienes asisten a los nosocomios no tienen ningún tipo de cobertura médica.