Lo hizo en un documento de 32 páginas, cargado de timoratas argumentaciones, con lo que su permanencia en el cargo aparece cada vez más endeble.

El asombro de los ediles fue tal ante tan inescrupulosa e impresentable ejercicio defensa del Ejecutivo, ya que el funcionario ni siquiera concurrió personalmente al recinto para sostener su defensa, por lo que decidió tomarse los cinco días hábiles que establece la ley 1.028 en estos casos.

El concejal por la UCR, Francisco Fernández, caratuló de irrisoria la forma en que el Ejecutivo pretende demostrar que no incurrió en falta grave y mal desempeño de funcionario público, acusaciones por las cuales hoy se lleva a cabo el juicio político.

Además de no poder demostrar que las acusaciones no son veraces, el ejecutivo tuvo el atrevimiento de faltar el respeto al Honorable Concejo Deliberante y varios de sus integrantes en particular.

Es más, reconoce haber emitido cheques sin fondos y cobardemente responsabiliza al tesorero, que hoy se encuentra al frente de la contaduría.

Expresa en el escrito haber informado a las autoridades provinciales de las obras en cuestión, como así también de las compras de las maquinarias, y no adjunta documento alguno en su descargo. Dice desconocer las denuncias tanto de la empleada municipal, Elida Obregón como del edil Francisco Fernández, quien recordemos no pudo ingresar al edificio de la municipalidad, por expresas directivas del intendente.

Según Salinas, parece que la Policía no sabe dónde queda el edificio de la municipalidad ya que el intendente alude desconocer las distintas denuncias y exposiciones policiales que obran en el caso.

En uno de sus párrafos de la nota enviada, pretende hacer creer que el Concejo no posee las atribuciones necesarias para destituirlo, para decir en el siguiente párrafo que debería ser el Superior Tribunal de Justicia quien decida su destino, dejando entrever su deseo de protección de las autoridades provinciales.

El concejal Francisco Fernández, anticipó que por lo leído en la sesión el intendente debería irse sin que lo destituyan por respeto a su pueblo y dejar de vanagloriarse por haber conseguido un tercer mandato de mano de la Ley de Lemas que viene distorsionando la voluntad popular de los ciudadanos, desde hace ya varias elecciones.