Se trata de varios artículos encadenados, pero que tienen su base e inicio en el 19 y van hasta el 21. Allí el mandatario se permite realizar adecuaciones presupuestarias, es decir, redireccionar una partida, que estaba destinada a determinada compra, para otro gasto, dentro de la misma jurisdicción (ministerio o ente descentralizado).

En diálogo con La Tecla.info, legisladores rechazan esta figura. Juan Carlos Juárez (FAP), Malena Baro (UCR) y Walter Martello (CC) dan su opinión.

“Los superpoderes se convirtieron en algo cotidiano” Juan Carlos Juárez (Diputado FAP)

“Nosotros consideramos que es importante bajar el nivel de las facultades, bajar el porcentaje del tope que tiene hoy en el presupuesto”, dice el diputado del FAP Juan Carlos Juárez, integrante de la comisión de Presupuesto.

“Un porcentaje razonable para determinar hasta qué monto puede el gobierno manejarse con discrecionalidad, sería del cinco por ciento del monto total del presupuesto, y no del ocho, como es actualmente”, subraya.

-Desde el oficialismo argumentan que son las mismas facultades que ya les votaron para el ejercicio 2012.

-Sí, porque no teníamos los votos para modificarlo. Desgraciadamente, las facultades, que deberían ser de carácter extraordinario, se han convertido en comunes, como si fuera algo cotidiano; y en realidad, cuando se superan los límites pautados debería venir a la Legislatura a dar las explicaciones pertinentes. Lo mismo con los endeudamientos; nosotros estamos habilitando un montón de ellos, y no sé si los van a necesitar. Porque sobreestiman los endeudamientos, le dan un margen extraordinario, y terminan siendo facultades delegadas encubiertas.

“Si es por decreto, no se discute el uso del dinero” Malena Baro (UCR)

“Cuando decidís realizar una ampliación por ley, tenés que poner los recursos que son y el correlativo del gasto que va a financiar ese mayor recurso, entonces hay que detallar para qué lo vas a usar”, expresa la senadora radical Malena Baro, integrante de la comisión de Presupuesto.

“Al tener el Gobernador la potestad de hacerlo por decreto, administrativamente la forma es la misma, la diferencia es que la decisión la toma solo”, remarca la senadora. “El gobierno tiene que dar a conocer ese decreto a la Legislatura, pero sin ningún tipo de opciones, porque no se trata de aprobar o desaprobar esa acción del Ejecutivo, es, sencillamente, tomar conocimiento del uso de esa facultad; podés hacer un pedido de informes, podés hacer un proyecto de declaración, pero no tenés más potestad que ésa. En cambio, si las ampliaciones son consideradas por la Legislatura, entraría en discusión el uso de ese dinero que entró de más. Por ejemplo, si el Ejecutivo dice que lo va a usar en una nueva refinanciación, nosotros le podemos decir que hay obras prometidas que no se están haciendo”, concluye Baro.

“Los fideicomisos no tienen control” Walter Martello (CC)

El titular del bloque de diputados de la CC, Walter Martello, observa el rol que ocupan los fondos fiduciarios en el presupuesto 2013.

“Las principales causas que han impulsado a través de los años la creación de fondos fiduciarios responden, por un lado, a la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento por fuera del presupuesto provincial, y, por otro, asegurarse la disponibilidad de los recursos más allá del año fiscal y contar con mayor autonomía en el manejo de los mismos. Pero la integridad del presupuesto se ve afectada por el aumento de esta herramienta, porque los fondos fiduciarios disponen de recursos que no ingresan a Rentas Generales sino que se destinan exclusivamente a los fines fijados al momento de crearse. La ley de Administración Financiera, N° 13.767, detalla cómo está integrado el sector público provincial. Empresas públicas, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y las organizaciones empresariales con participación mayoritaria estatal. A esto se suman los fondos fiduciarios integrados por el Estado. Más allá de las especificaciones, en la práctica, ni las empresas y sociedades del Estado, ni los fondos fiduciarios consolidan en el presupuesto provincial. Ambos componentes se programan, ejecutan y manipulan por fuera del consolidado general. Esto marca una falta de transparencia en el manejo de los fondos provinciales”.