El proyecto establece que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) informe a los Comités de Inteligencia de la Cámara baja y del Senado sobre cualquier dato que tengan sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno militar.

El legislador norteamericano Maurice Hinchey, impulsor de la iniciativa, recordó la estrecha relación de su país con sus pares argentinos de inteligencia, seguridad y la comunidad militar, y sostuvo que es probable que las agencias de Inteligencia de Estados Unidos tengan información de importante valor para apoyar las investigaciones judiciales y la búsqueda de los hijos de desaparecidos.

La enmienda también instruye a la CIA a incluir una recopilación de documentos desclasificados, así como cualquier material clasificado que pueda existir.

La decisión cuenta con el apoyo de la embajada Argentina en Washington, el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington y varias organizaciones de derechos humanos interesadas, como es de rigor, en echar luz sobre el accionar de la represión militar durante los años de plomo en la Argentina.

La medida reconoce un antecedente que tuvo lugar en julio de 2008, cuando por decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó la apertura de archivos de los servicios secretos norteamericanos. La iniciativa perdió estado parlamentario durante la administración Bush y por ese motivo Hinchey volvió a insistir con su tratamiento, que espera aún la aprobación del Senado.

Hinchey, representante por Nueva York, es el mismo legislador que impulsó la Enmienda Hinchey, que obligó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a revisar archivos e información clasificada que den cuenta de las actividades de la CIA en Chile, en particular, en relación con el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, en 1973.