Explicando además que los dichos del funcionario provincial son ?totalmente falsos? y que ?solamente persiguen, de manera espuria y con ausencia de ética, hacer creer a la sociedad que el Gobierno local se ocupa de instar el trámite de los procesos por las violaciones a los derechos humanos en la época del Estado Terrorista, inclusive a costa de incurrir en agravios a las víctimas y acusados anunciando un hipotético juicio oral y público para el mes de agosto, cuando en realidad existen numerosas impugnaciones de las partes pendientes de resoluciones que, a la vez, seguramente serán objeto de nuevos recursos en otras instancia, siendo imposible de precisar el tiempo de tramitación de los mismos?, concluyó categóricamente el letrado.

Abundando en sus explicaciones, Davis señaló que el ministro de Gobierno ni siquiera acierta en la identificación de la causa donde se llevará a juicio a 13 represores, ya que lo menciona como ?Carrillo? cuando en realidad se trata de la causa caratulada ?Steimbach y Otros?, en la cual recién se ha dictado resolución de admisión de pruebas sin que el tribunal entre a considerar aún las diversas impugnaciones de los represores, como tampoco la recusación del fiscal Luis Benítez y el pedido de detención inmediata de todos los imputados planteados por las víctimas. Entonces mal se podría aseverar que el juicio se realizara en el mes de agosto?, expresó el abogado querellante.

USO POLITICO

Respecto a las razones de la información proporcionada por el ministro de Gobierno, el doctor Davis no dudó en calificarla como ?un inmoral uso político de las causas por delitos de lesa humanidad proveniente del Gobierno que jamás aceptó constituirse en parte querellante, como ocurre en todas las demás provincias de la argentina, constituyendo Formosa una penosa excepción, no obstante todos los reiterados reclamos de víctimas, familiares y organismos defensores de derechos humanos y que por el contrario, posibilitó la liberación de asesinos integrantes de la policía provincial prestando caución institucional a tal fin?, amén de continuar quemando documentaciones públicas al cumplirse diez años en base a un decreto del año 1978 del genocida Gral. Colombo, cuyo retrato junto al del Coronel Reinaldo Alturria, jefe del Área de Seguridad 234, ambos responsables de la atroz represión ilegal, en la ?Galería de Gobernadores? como si fueran ?próceres? por decisión contumaz del gobernador GildoInsfran, muy lejos de la actitud del ex presidente Néstor Kirchner?, destacando que en Formosa tampoco se cumple la Ley 26.691 de la actual presidenta Cristina Fernández que obliga a la preservación , señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de estado, ya que el Poder Ejecutivo provincial no permite colocar siquiera una baldosa a tal fin. Destacándose lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia al respecto, como único poder del Estado que cumplió con dicha ley, expreso el doctor Davis.

Finalmente, el abogado querellante reiteró que la única vía para impulsar los procesos por delitos de lesa humanidad es la de que el Estado se constituya en parte querellante, ya que ?ni maquinas viales, ni auxilio médico a testigos, ni alquiler de inmueble para el juicio conducen a la reconstrucción de la historia trágica de los formoseños y menos aún a la búsqueda de la verdad y la justicia y con engaños, por el contrario nos alejamos de la verdad y la justicia?, concluyó el abogado querellante desmintiendo así la información brindada por el Ministerio de Gobierno.