El problema empezó cuando los uniformados no permitieron el ingreso al lugar de diferentes materiales de construcción para mejorar las viviendas, a ésto se sumó una segunda negativa policial a un camión cisterna que llevaba agua potable. La tensión aumentó cuando un camionero fue demorado, aunque no llegó a mayores ni se lamentaron otras víctimas.

Aunque ya se reunieron con el IPV y con el intendente Mendoza no llegaron a un acuerdo. A esto se suman los problemas que hubo con el abogado que defiende la causa, el Dr Daniel Cabrera, quien fue privado de su libertad y obligado a entregar sus pertenencias mientras patrocinaba –de manera legítima- a los ocupantes.