Encuentro Ciudadano presenta denuncia penal por “los ñoquis” en la Legislatura

El apoderado legal de Encuentro Ciudadano (EC), Javier Ignacio Pérez Gallart, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y malversación de caudales públicos, tras conocerse la lista de empleados del Poder Legislativo.

El abogado de EC señala que “en los últimos días a través de dos prestigiosos medios de información digital Opi Santa Cruz y Diario Nuevo Dia, trascendió una lista de empleados públicos pertenecientes a la nomina de trabajadores de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. La peculiaridad del hecho seria que dichos empleados habrían sido contratados por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Escribano Fernando Cotillo, a disposición de la Presidencia, siendo en su totalidad residentes en la localidad de Caleta Olivia”.

“De su enunciación, dado que la sede de la legislatura es en la localidad de Río Gallegos, y es en esta localidad en la cual deben desarrollar sus tareas los empleados de la Cámara, podríamos estar ante una contratación masiva de lo que en la jerga popular se bautizó como “ñoquis”. Esto es empleados que están contratados en un organismo publico, y sin prestar tarea alguna cobran sus remuneraciones a fin de mes. Ejemplo de un claro fraude al erario público”, indica la denuncia presentada por el dirigente político y a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Austral.

“Los delitos que se abrían cometido, por parte del nombrado y quienes tengan responsabilidad administrativa en los nombramientos indicados, serian: Fraude en perjuicio de la administración pública tipificado en el art. 174 inc. 5°, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados tipificado en el art 268 (2) (ley 25.188) y malversación de caudales tipificado en el art. 260 del C.P.A y/o la calificación jurídica que el señor fiscal estime adecuado al caso”, se indica en el texto de la denuncia.

Pérez Gallart considera que “el modus operandi en cuestión seria el nombramiento de personas que no residirían en la localidad a quienes se les depositaria su salario en una cuenta sueldo, retirando sus emolumentos en la localidad de Caleta Olivia. Así en principio las conductas desplegadas podrían asociarse a la de “defraudación a la administración pública agravada por la calidad de funcionario público, en concurso real, por la cantidad de hechos en cuestión, conforme los listados que se acompañan”.

También el referente de EC remarca que “imaginemos que Cotillo por el cargo que detenta tiene bajo su órbita el cuidado de intereses y bienes ajenos, y asimismo la facultad de designar personal y pagar sus remuneraciones, si se ejercen dichas atribuciones de manera tal que se hubieren perjudicado los intereses de la provincia, pagando salarios sin la debida contraprestación laboral, nos encontramos que hay una adecuada causalidad entre el hecho de los nombramientos y/o contrataciones y el perjuicio ocasionado (al erario provincial), más el agravante de su obrar en calidad de funcionario público provincial. Agravado por la cantidad de hechos efectuados”.

En la lista difundida por la Agencia OPI, están los nombres y las remuneraciones de los 24 diputados, tanto del Frente para la Victoria como de la UCR, los asesores y el personal de la Legislatura. Entre estos últimos hay ex diputados, ex concejales y ex funcionarios de Río Gallegos, Caleta Olivia y Río Turbio. También hay hijos de intendentes, legisladores, guardaespalda de ex jefe de Gabinete y periodistas. Los sueldos varían entre los 3500 pesos hasta los 32 mil pesos

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