El procedimiento se suma a la lista de numerosos allanamientos realizados en la ciudad portuaria, en los cuales se registraron mujeres, en su mayoría extranjeras, que se desempeñarían en el lugar y que no poseen documentación alguna.

Durante la inspección, que se realizó el miércoles a la noche en el local nocturno de la calle Irigoyen, se detectaron mujeres mayores de edad y de origen extranjero, quienes cumplían las funciones de alternadoras bajo su consentimiento.

Asimismo, los inspectores advirtieron que una de las mujeres, de nacionalidad dominicana, no poseía la documentación correspondiente, la cual avala su legal ingreso y/o permanencia, temporaria o migratoria, en el país. Por lo tanto, se labró la respectiva acta de control migratorio por infracción de la Ley 25.871 a los efectos de regularizar la situación de la persona.

Por su parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la jueza del Tribunal de Faltas, Lilian García Pérez, el Área de Inspecciones Generales del Municipio clausuró del local por infracción de la Ordenanza 2011.

Desde el área se informó que estos controles tienen el propósito de prevenir y reprimir toda conducta ilícita relacionada con la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Asimismo, se pretende verificar las condiciones laborales de mujeres que se desempeñan en los lugares inspeccionados y controlar sus respectivas documentaciones.

Sobre la Ley de sanción de trata

Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.