Sólo acotaría que se olvidó del turismo. En realidad, si tengo que hacer un ránking de actividades económicas que permitirán el aumento del PBI provincial y por ende en la mejor calidad de vida de sus habitantes diría que petróleo, minería, turismo y el desarrollo de las áreas bajo riego, sumando a la producción primaria valor agregado.

Por estos temas creo que pasa el gran debate de un proyecto provincial y en ellos el gobierno rionegrino debería poner los mayores esfuerzos, para lo cual, entre otras acciones, debería fortalecer el área de Planificación para un trabajo serio con las universidades –UNRN, fundamentalmente, y la UNC-, con el polo tecnológico de San Carlos de Bariloche y otros organismos técnico-científicos que hay en la provincia, y un estrecho y coordinado accionar con los ministerios y otros organismos del Estado provincial.

No basta la decisión política si no hay a la vez un plan sólido a corto, mediano y largo plazo.

Y en esto de la decisión política hay cuestiones estratégicas donde el Estado debe intervenir decididamente. Por ejemplo, no se puede seguir hablando del desarrollo de las áreas bajo riego, de la industrialización de la producción primaria, de una proyección de las actividades petrolera y minera hacia la radicación de industrias vinculadas en el territorio, si no se recupera el puerto de San Antonio Este. Debe dejar de ser una herramienta exclusiva de los sectores exportadores frutícolas para convertirse en una herramienta de desarrollo provincial. El proyectado corredor bioceánico –que desde hace años viene consumiendo recursos, gastos en personal, encuentros, seminarios, créditos, etc.- sin un puerto en manos de la provincia seguirá siendo simplemente una fábula sin posibilidades de concreción. Mucho más para las actividades económicas concretas de la provincia que ya en muchos casos vienen chocando en sus posibilidades de desarrollo por la imposibilidad de acceder a nuestra estación marítima rionegrina.

Un absurdo que el Estado provincial haya permitido desde hace años que producción primaria e industrial se vaya por los puertos de Bahía Blanca, Buenos Aires y Madryn en lugar de su salida natural por Río Negro –cebolla, pasturas, pórfidos, soda solvay, lana, etc.-.

El gobierno provincial que asumió en diciembre tuvo la virtud de marcar como ejes de su proyecto el petróleo y la minería. En el primero de los casos, el acompañamiento de la decisión nacional de retomar la conducción de YPF, expropiando el 51% de las acciones a Repsol, abre un horizonte sumamente favorable. Contribuye a esto el hecho de haberse impedido la renegociación de los contratos petroleros en los finales del anterior gobierno para poder hacerlo ahora en este nuevo escenario donde el Estado nacional y los provinciales petroleros serán los responsables de marcar las políticas estratégicas para el sector.

Sobre la cuestión minera lamentablemente la provincia se ha enredado en el debate sobre el discurso fundamentalista y cerrado que imponen algunos grupos ecologistas, que tienen como instrumentos para amplificarlo algunos sectores políticos que resignan así su rol esencial de constructores de políticas serias y responsables que apunten a un desarrollo provincial y a una equitativa distribución de la riqueza hacia todos los sectores sociales.

Ha sido muy importante la decisión de crear una empresa minera provincial porque no se puede hablar de desarrollo minero, compatible con el cuidado del medio ambiente, sin que el Estado se meta en el negocio. Pero desde el propio oficialismo se empaña esta actitud proactiva con un proyecto de ley recientemente anunciado que no hace más que cambiar el eje de la discusión hacia el campo de esos discursos antimineros de los que sólo se puede esperar una vuelta hacia la parálisis y la decadencia de amplias regiones del territorio provincial. Una Región Sur, por ejemplo, condenada a una economía de subsistencia, la ovina, que además seguirá agravado el peor desastre ambiental que tiene la Patagonia como es la desertificación de toda su franja central de meseta.

Me refiero a la iniciativa de Pedro Pesatti y Arabela Carreras que establece prohibir en todo el Departamento Bariloche, la prospección, exploración, explotación, desarrollo, industrialización, preparación y extracción de sustancias hidrocarburíferas y minerales.

Es verdad que esto fue alentado por el propio gobernador Weretilneck al decir que Bariloche iba a quedar al margen de la actividad minera, con el objetivo de conformar a los sectores antimineros que tienen más fuerza en la Zona Andina. Pero una cosa es plantear cuáles son los principales ejes de desarrollo en cada región, y es indudable que el turismo es y será seguramente la actividad económica central de San Carlos de Bariloche y de otras ciudades cordilleranas, pero una muy distinta cerrar toda otra alternativa de desarrollo o actividad económica complementaria a la principal.

Y lo peor es hacerlo tomando los propios argumentos de quienes no sólo no quieren ni minería ni petróleo en el departamento Bariloche, sino en toda la provincia. De allí que el proyecto de Pesatti-Carreras lejos de mitigar la movilización fundamentalmente antiminera barilochense no hace más que alentarla.

En la fundamentación del proyecto se dice claramente que la explotación hidrocarburífera y minera “colisiona de lleno” con las actividades vinculadas al turismo de la región, con sus reservas naturales como lagos, bosques y montañas y con sus productos regionales sus productos orgánicos y naturales, entre otros.

Se afirma que “en todo el Departamento de San Carlos de Bariloche no pueden haber exploraciones de petróleo ni de minería que afecten el medio ambiente, por lo que Bariloche está fuera de cualquier tipo de explotación que tenga que ver con riesgos para el medio ambiente, por más rentable que fuere”.

Es decir, se le da razón a los sectores que afirman que la actividad minera de primera y segunda categoría contamina, no puede ser compatible con el cuidado del medio ambiente. No es casual que esto haya permitido a dirigentes como Magdalena Odarda, Adrián Casadei y Omar Lenher reafirmar el falso discurso que con el impulso de la actividad minera el gobierno quiere establecer áreas de sacrificio, regiones donde se va a contaminar y otras que quedan al margen.

Seguramente me voy a repetir con cosas que ya he escrito en otros artículos referidos a la posibilidad del desarrollo minero, pero es necesario hacerlo ante la propia confusión que parecieran tener sectores que por lo menos en teoría comparten la decisión de los Estados nacional y provincial de impulsar esta actividad.

Es posible compatibilizar el desarrollo, incluyendo la explotación minera en todas sus formas, con la protección del patrimonio natural. Para ello se requiere una fuerte intervención y regulación por parte del Estado.

Los debates sobre la viabilidad o no de los proyectos mineros –nadie propone aprobar un proyecto a libro cerrado- se debe hacer en base a información fidedigna y una opinión técnica y profesional, con base racional y científica. No por la lectura acrítica de páginas Web, donde casualmente predominan los argumentos de los grupos ecologistas de países desarrollados que pretenden que países como el nuestro no tengan el desarrollo industrial que ellos tuvieron durante más de 100 años -base de su prosperidad y calidad de vida-.

Se deben contemplar las experiencias reales y concretas que demuestran que es posible el desarrollo minero de este tipo con parámetros medioambientales. Santa Cruz es un buen ejemplo en la región de lo que puede empezar a aportar la gran minería, ya que genera más de 15.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta, sobre todo a partir del impulso de Cerro Vanguardia, que utiliza cianuro y que, sin embargo, trajo desarrollo a una zona desolada y ha dado pruebas de resguardo medioambiental.

Catamarca y San Juan son otros ejemplos. Un estudio médico que se presentó en Buenos Aires aporta un argumento de peso a favor de una industria que mueve en el país más de $ 10.000 millones y cuya inversión creció 5.700 por ciento en una década. Según una investigación de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), que dirige el reconocido infectólogo Daniel Stamboulian, "no existen evidencias" de que la explotación minera a cielo abierto tenga consecuencias negativas para la salud. Los estudios fueron realizados en Andalgalá y otros departamentos del Oeste de Catamarca, que es donde se concentra la actividad minera a cielo abierto en la Provincia (Bajo La Alumbrera). El objetivo era estudiar posibles consecuencias de la minería sobre la salud de la población.

La fundación descarta además cualquier posibilidad de contaminación ambiental y efectos secundarios sobre la salud de la comunidad.

El informe denominado "Programa de Evaluación del Estado Sanitario en Zonas de Influencia de Actividad Minera en la Provincia de Catamarca cuenta con 194 páginas, dentro de las cuales se incluyen las entrevistas realizadas en distintos lugares de la provincia con producción minera.

Se trata de un trabajo de campo que se prolongó por tres meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María, donde las personas entrevistadas coincidieron- con distinto énfasis en sus respuestas- en que "la actividad de los defensores de la políticas antiminas se basa en discursos y opiniones no sustentadas".

La investigación se hizo a partir de una revisión completa del caso de una mujer que falleció por razones congénitas y del estudio sobre la comunidad de Amanao en relación con el río Vis Vis. En estos dos casos concretos "no se ha detectado ninguna relación de contaminación relacionada a la actividad minera", dijo el secretario de Minería de la provincia, Jorge Eremchuck. Asimismo, detalló que en las estadísticas existentes respecto a los casos de cáncer, se pudo comprobar que los mismos "son ajenos a la actividad minera".

El titular de FUNCEI, Daniel Stamboulian, aseguró en la conferencia de prensa donde brindó los detalles del informe científico, que con los datos que lograron en la investigación "podemos decir que no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perjudique directamente la salud de la población", como consecuencia de la actividad minera.

Es una falacia además cuando dicen que la minería no produce puestos de trabajo. Un dato ilustrativo es que en el 2002 los puestos de trabajo relacionados con el sector minero eran 79 mil en todo el país. En la última década aumentó a 400 mil. En la última elección presidencial recuerdo que leí que tuvieron que desplazarse de las zonas mineras de San Juan para ir votar a la capital y otros centos poblados unos 15 mil trabajadores, lo que significa un número equivalente de familias que viven de esos ingresos.

Tenemos también el ejemplo de Australia, que se ha convertido en uno de los países que capta mayor inversión extranjera en minería y a la vez se destaca por su respeto al medio ambiente y transparencia en los contratos. Muchos de los emprendimientos en Australia utilizan cianuro. Muchos. Y alrededor del 70% de las exportaciones de ese país son mineras y en su región oeste la minería significa aproximadamente el 27% del PBI.

Es fácil para quienes no pasan apuros económicos decirle a la gente que rechacen la posibilidad de un trabajo. ¿La sola protección del marco natural patagónico le permitirá a la gente cubrir sus necesidades básicas y darle un futuro a las próximas generaciones? No. La realidad de una Región Sur desvastada por la sequía y la ceniza constituye una muestra irrefutable de esto.

Hay que recordar además a los que "patean" para adelante, por excusas medioambientales, la posibilidad de explotar hoy nuestros recursos naturales, que el avance de la ciencia y la tecnología puede en unos años quitarle valor económico a ese patrimonio. El petróleo, el oro, el uranio pueden ser requeridos hoy, pero quizás no mañana.

Por otra parte, cerrar el desarrollo minero metalífero constituye una postura contraria al sustratum político que permitió la concreción de los emprendimientos de Alpat en San Antonio y la reactivación de la mina de hierro con capitales chinos en Sierra Grande. Con la minería como con otras actividades económicas puede haber proyectos viables como otros que no. Como se hizo con Alpat se pueden imponer condiciones en un ida y vuelta con la empresa que permita llegar a parámetros de seguridad medioambientales adecuados.

Preocupa que no tengamos la misma obsesión por el desarrollo que tienen otras regiones y países. Preocupa que de hecho se diga que el Estado no puede controlar y regular. Preocupa que se diga que hay zonas geográficas condenadas a los vaivenes de una sola actividad económica. ¿Por qué no puede haber diversificación productiva? ¿Por qué no puede convivir la ganadería con la minería en zonas donde hay un promedio de 0,48 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Acaso en el Alto Valle no conviven la fruticultura y el petróleo? ¿En San Antonio no conviven la producción de soda solvay, el turismo y la pesca?

Y ya que estamos en este punto de la reflexión, el departamento Bariloche tiene alrededor de 6 mil kilómetros cuadrados, si se detecta una importante reserva petrolífera o minera, ¿por qué no podría desarrollarse en condiciones de resguardo ambiental, conviviendo con el turismo? En los países europeos, de poca extensión territorial, ¿no han convivido y conviven acaso actividades económicas de las más disímiles?

Claramente entonces creo que es posible compatibilizar el desarrollo minero con la protección medioambiental. Si el Estado argentino se destaca por su alto nivel científico y técnico en áreas de punta como la del desarrollo nuclear, no se entiende que se diga que no se puede controlar el uso de tóxicos en una explotación minera.

Por otra parte, con la lógica de prohibir el cianuro, también habría que prohibir el uso de tóxicos tanto o más peligrosos que habitualmente se utilizan en distintos rubros industriales e incluso de la agricultura. Un absurdo.

Considero además una falacia decir que respaldar el desarrollo minero es ponerse a la derecha del arco político y ser funcionales a las multinacionales. Ser progresista significa respaldar políticas de desarrollo sustentable y no, en cambio, oponerse al desarrollo, ya que sin crecimiento ni producción de riqueza no hay nada que distribuir ni socializar.

Mi respaldo al gobierno nacional parte precisamente de mi identificación con sus principales políticas que tienen un sesgo centroizquierdista, políticas que siempre he defendido vinculadas a una mayor autonomía en lo económico del país para lograr una sociedad más igualitaria, apoyarse en el mercado interno, capturar fondos que deja la agricultura en la balanza de pagos para reindustrializar, mejora en la distribución de los ingresos, estatización de las AFJP, nacionalización de las acciones de YPF, etc. etc. No creo que el impulso al desarrollo minero que sostiene el gobierno nacional esté en las antípodas de este rumbo.

Sí creo que hay que cambiar algunas cosas. Cuestiones que precisamente están puestas ahora en el debate, tanto en el Congreso, como en la recientemente creada OFEMI. Me refiero a la intervención del Estado nacional y los provinciales en el negocio, en la participación en las utilidades, la creación de empresas mineras provinciales, lo que a la vez permitirá un mejor control de las actividades, más allá de reforzar los controles, sobre todo medioambientales, con un organismo o una comisión que incluya a representantes de las sociedad civil y a los municipios involucrados en los proyectos –el concepto de control social-.

Además hay que reformar la ley de inversiones mineras que tiene un sesgo noventista y que se correspondía a unos años donde la onza de oro tenía un valor muy bajo. Por supuesto que hay que aplicar mayores retenciones y cargas impositivas, profundizando el camino que ya están tomando algunas provincias de cobrar el 3% sobre el valor del producto en bocamina, pero sin descontar los costos laborales, es decir sobre facturación.

Sobre estas cosas tendríamos que estar discutiendo y encaminando el debate social y no, como dije, enredarnos en las consignas antimineras de sectores que buscan consenso en base al miedo, a la manipulación de información y que además están atravesados de cierto colonialismo mental en el sentido de no poder aceptar que la Argentina pueda hacer algo igual o mejor que otros países, aun los más desarrollados.(APP)