En diálogo con Cristina Vicentín el senador provincial, Noel Breard, explicó que, respecto a su proyecto de expropiación de 100 ha de Santa Catalina, “Ni bien tuvimos el informe pedimos una audiencia con el Fiscal general de la Cámara Federal, con el Tribunal que condenó y con el Juez que dictó la medida de no innovar”. Ya que estas tierras que ahora pertenecen al Municipio de capital están siendo estudiadas por el Equipo de Antropología Forense.

Debido a que los mismos realizan el trabajo de campo en el predio de los ex cuarteles de Santa Catalina, para esclarecer presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Ese predio comprende en total 2300 hectáreas que el fueron vendidos por 13 millones en cuotas, que todavía restan pagar, a la Municipalidad y que según comentó Breard, “son expropiaciones de distintas tierras”.

Al respecto el Senador agregó que en la compra la Nación “No le puso ninguna condición y lo vende como de derecho privado. Le vende con la finalidad de hacer algún emprendimiento o viviendas para para los ricos”.

Por otro lado dijo “Pondero a Sonia López (diputada provincial) porque están trabajando en el tema. No me enamoro de mi proyecto, si hay algo mejor lo apoyo. El problema es la garantía sanitaria. Camau no se puede hacer el distraído y el Gobierno provincial tiene que reforzar lo que está haciendo”.

Cronograma. Primero estudiar las 100 ha

Aunque aclaró que “Si hay que esperar el tema de los derechos humanos. Vamos a pedir un cronograma. De modo que primero estudien las 100 ha y no las 2300 ha y no sabemos cuándo termina. Si vamos a delimitar y vamos a estudiar las 100 ha primero, que es lo que necesitamos ahora”.

“Quiero que entendamos que los que ocupan el Pirayuí es la punta del problema. Se necesita un programa habitacional. Fracasaron cinco planes de política habitacional nacional. Acá al que financiaba los fondos que llegaba de Nación se lo dejó sin financiación. Ahora los únicos fondos que llegan son del FONAVI”, sostuvo Breard.

“De las 50 viviendas que se construyeron son 30 mil las que se pagan a 75 pesos y había gente que pagaba 400 pesos. Pero como no podían seguir pagando este monto, el Gobierno tomó la decisión que pague sus casas a un preció mínimo”. Según el Senador “El argumento jurídico frente a esto es que está prohibida la indexación. Hay un porcentaje de gente que no puede pagar”.

Respecto a los 14 millones de pesos mensuales que recibe el INVICO mensualmente, Breard explicó que “Con eso paga los sueldos de los 230 empleados de planta que tiene el instituto y a unos 300 ´factureros´”. Entre estos último dijo “Hay gente que tiene alta calificación, habría que hacer un convenio para que esta gente brinde su capacidad técnica y aporten viviendas más baratas”.

En cuanto a cómo se soluciona la problemática del barrio Pirayuí, el Senador expuso que con la “auto construcción mucho más racional, con la ayuda del gobierno Nacional, Provincial y el Municipio. Que estás empresas no nos estafen diciendo que estos terrenos son de zonas urbanas, cuando son zonas rurales e inundables, quieren abusarse de la gente “.