Dos graves atentados, cuya autoría se desconoce, dejaron sin luz a gran parte del centro y norte de la provincia en la noche del viernes y madrugada del sábado, afectando al menos a nueve localidades que estuvieron varias horas sin suministro eléctrico.

La empresa Electricidad de Misiones radicó sendas denuncias penales por ambos hechos, que afectaron a una línea troncal de 132 kv que parte desde la Estación puerto Mineral hacia Aristóbulo del Valle, y alimenta a Aristóbulo, San Vicente, Dos de Mayo, el Soberbio, San Pedro, 25 de Mayo y zonas de influencia; y a una línea troncal de 33 kilovoltios que parte desde Oberá y alimenta a Campo Viera, Campo Grande y zonas de influencia.

El primer atentado ocurrió a las 19,30 sobre la línea de 132 Kv que corre por una franja paralela a la ruta provincial 7. Sobre esta línea y después de varias horas de recorrida por toda su extensión, recién con las primeras horas de la mañana se pudo detectar una jabalina atada a un cable de acero y varias planchuelas de hierro que fueron cruzadas sobre el tendido a más de quince metros de altura, provocando la inhabilitación de la instalación. Una vez despejada la línea, se normalizó el suministro a las 9 de la mañana. El pueblo más afectado fue El Soberbio, ya que no se pudo alimentar a esta localidad desde otras líneas menores, lo que sí ocurrió en forma paulatina con las demás zonas.

A las 23,30 quedó inhabilitada una segunda línea de 33 kv, que justamente se utilizó inicialmente para alimentar parte de la zona afectada por el primer atentado. Sobre esta segunda línea se encontró un cable acerado en cuyos extremos se unieron dos chapas MN 87 (un material que se emplea para la retenciones de línea de baja tensión) y un morseto en el medio utilizado como contrapeso.

Personal del área de Transmisión, más personal de los distritos afectados y de las Cooperativas eléctricas de la zona tuvieron que desplegarse durante la noche y madrugada en distintos frentes y por zonas de difícil acceso para detectar el lugar de las fallas y reparar los desperfectos provocados.

El presidente de EMSA, Héctor López Ricci, instruyó de inmediato al departamento jurídico de la empresa eléctrica para denunciar formalmente ambos hechos ante las comisarías jurisdiccionales y la justicia penal. "Es lamentable que personas con evidente conocimiento en la materia atenten de esta manera contra la infraestructura eléctrica. Hay algo que debe quedar bien en claro: la infraestructura no es de EMSA, no es del gremio, no es de las cooperativas, sino de la comunidad. Esto ya llegó demasiado lejos, por lo que esperamos que se pueda identificar a los autores en forma inmediata, y que vayan presos por la gravísima afectación que provocaron", señaló el funcionario.

Es que es el tercer fin de semana de seguido en que surgen problemas en las líneas troncales de la provincia. Anteriormente se dieron fallas por ramas y hasta un árbol que cayeron sobre la infraestructura aún sin vientos fuertes de por medio. El de ayer ya dejó de ser un episodio que podría calificarse como casual, ya que "los elementos secuestrados son muy específicos y fueron construidos con la evidente intención de provocar la salida de servicio de las líneas, es decir que hubo un accionar delictivo. Estamos ante delincuentes", refirió el presidente de EMSA.

En el marco del conflicto salarial que enfrenta al gremio de Luz y Fuerza con la conducción de EMSA y de las Cooperativas Eléctricas, la empresa provincial ya radicó una denuncia penal anterior por daños a la infraestructura, secuestro de vehículos y materiales y agresiones al personal que no se plegó a la medida de fuerza intempestiva iniciada por el sindicato el pasado 11 de marzo. El conflicto puntual entre sindicato y empresa se encuentra en plena etapa de conciliación obligatoria, con cuatro ofrecimientos concretos de recomposición salarial por parte de EMSA que fueron sistemáticamente rechazados por el gremio.

Con referencia a los atentados del viernes por la noche, López Ricci aclaró que "no podemos apuntar directamente a un sector determinado porque sería de suma gravedad institucional que se apañe o instigue este tipo de sabotajes. Sí queremos dejar en claro que hay una evidente intención de dañar a la comunidad, una intención de fortalecer la idea de una crisis en el sistema eléctrico, con un objetivo que va más allá de cualquier reclamo legítimo de recomposición salarial. Queremos que se identifique a los responsables y se los castigue con todo el rigor, y que todos entendamos que hay un límite que no se puede sobrepasar".